Presidentas y directoras de los institutos, secretarías y programas de las mujeres de 28 entidades del país demandaron ayer a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo para que asigne los 96 millones de pesos que aprobó en el presupuesto de 2005, los cuales se han perdido por la controversia constitucional y el veto presidenciales.
Las funcionarias estatales destacaron que faltó voluntad política del Ejecutivo para transferir estos recursos etiquetados por la Cámara de Diputados; que existió desde febrero de este año una manipulación de los recursos que debía canalizar el Instituto Nacional de las Mujeres, y se quejaron de la presidenta de este instituto, Patricia Espinosa, quien no defendió la aplicación de los fondos asignados como, con «buenos oficios», los han defendido los secretarios de Educación y Salud, instituciones para las que el Ejecutivo también mandó recursos a controversia constitucional vetando el presupuesto aprobado por la Cámara.
El exhorto, que debe realizar la Junta de Coordinación Política, tiene que hacerse de inmediato. La Comisión de Equidad y Género, en voz de su presidenta, Diva Gastélum, analizará la demanda, de tal forma que dicho exhorto podría presentarse la próxima semana.
Durante una reunión en la Cámara de Diputados a la que acudieron las responsables de las instituciones estatales de las mujeres, María Elena Chapa, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, dijo que los 3 millones de pesos que asignó la Cámara de Diputados para cada entidad de la República se aplicarían antes de fin de año para realizar un diagnóstico estatal sobre la condición de las mujeres, un instrumento básico para desarrollar políticas públicas según las necesidades de cada estado.
En la reunión de trabajo, la licenciada Martha Román, de Coahuila, señaló que, en principio, el recurso para apoyar a los institutos estatales pretendió reetiquetarse desde el Instituto Nacional de las Mujeres y más tarde fue sustraído del presupuesto, lo que es incompatible por la política en favor de las mujeres difundida por el gobierno de Vicente Fox.
También denunció que desde el Inmujeres se trata a las funcionarias responsables de organismos autónomos, estatales, con patrimonio propio y, en muchos casos, con leyes sancionadas, como «enlaces», con lo que se pretende subordinarlas al gobierno federal; hecho que, dijo, es muy lamentable.
En tonos semejantes se expresaron las funcionarias de los estados de Oaxaca, Durango, Puebla y Distrito Federal.
Las diputadas perredistas Martha Lucía Micher, secretaria de la Comisión de Equidad y Género; Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios, y Angélica de la Peña, de la Comisión Especial de la Infancia, claramente se comprometieron a lograr el exhorto, buscar los 96 millones y conseguir que se canalicen a los institutos, tras destacar la importancia de que cada una de las instancias de las mujeres realice un diagnóstico científico, confiable y serio.
Para ello, dijo la diputada De la Peña, es necesario tomar en cuenta que la encuesta de INEGI sobre violencia contra las mujeres tiene resultados sesgados, pues argumenta que las mujeres con mayor escolaridad y que trabajan fuera de casa son las más violentadas; eso, afirmó junto con Ma. Elena Chapa, muestra la falta de seriedad y compromiso del Inmujeres, que así aumenta el miedo a la libertad de las mujeres.
En la reunión se solicitó que Patricia Espinosa, presidenta de Inmujeres, explique por qué no ha peleado el recurso; por qué busca controlar los mecanismos estatales, contraviniendo el espíritu republicano, y por qué se ha negado a discutir a fondo una agenda que realmente contribuya a desaparecer la discriminación, el oprobio de la violencia contra las mujeres y su situación desigual en todos los órdenes de la vida en México.
Solamente la presidenta del Instituto de Guanajuato señaló que ya no era tiempo de pelear y que tampoco había tiempo para gastar los 3 millones de pesos que se asignaron en el presupuesto, mismo que tiene una parte de los recursos detenidos.
El argumento de la Secretaría de Hacienda para negar los recursos es que la demanda de los mismos, equivocadamente asentada en los rubros del Inmujeres y de Sedesol, duplica las acciones; una «marrullería» inaceptable.
Desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara se recomendó iniciar pláticas con Hacienda para llegar, mediante el diálogo, a un acuerdo.
05/AG/YT
