El secretario general de Gobierno del estado de Jalisco, Héctor Pérez Plazola, deberá notificar mañana viernes si acepta o no la primera recomendación que emite una comisión de derechos humanos en materia de acoso sexual, informó hoy Oliva Ornelas Torres, quien fue hostigada por un funcionario público de ese estado.
En entrevista con Cimacnoticias, Ornelas Torres informó que mañana se vence el plazo de 10 días naturales para que a través de la contraloría del estado de Jalisco, el gobierno estatal comience el procedimiento para sancionar al director general del Instituto Jalisciense de la Juventud (IJJ), Raúl Eduardo Vargas Torres.
El pasado ocho de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), emitió la primera recomendación en materia de acoso sexual en el país, en la cual solicita un castigo administrativo al director general del IJJ y la indemnización –no especifica de qué tipo- de Ornelas Torres quien fue secretaria particular del funcionario.
A decir de Ornelas Torres, quien sigue laborando en el IJJ como «supuesta encargada del área de Investigación, Planeación y Evolución», a pesar de que existe la recomendación, el proceso penal ha sido largo e ineficiente ya que hace ocho meses comenzó el proceso punitivo y a la fecha éste sigue sin adelanto alguno.
En México, el 21 de enero de 1991 se introdujo en el Código Penal Federal la figura de hostigamiento sexual mediante una adición al artículo 259, la cual establece que «si el hostigador fuese un servidor público y utilizase los medios y las circunstancias que el cargo le proporcione, se le destituirá de su cargo».
A pesar de ello, el acoso sexual en los centros de trabajo es uno de los delitos menos denunciados, de acuerdo a la Subdirección de Protección a Mujeres y Menores en el Trabajo de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, sólo 106 mujeres denunciaron ser víctimas de acoso sexual el año pasado.
Lo anterior a pesar de que el Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que el 95 por ciento de los 14.9 millones de mujeres que trabajan han sido víctimas de acoso sexual.
A decir de Ornelas Torres, aún para quienes se atreven a denunciar el acoso sexual en los centros de trabajo, les resulta sumamente difícil comprobarlo, ante la falta de sensibilidad y capacidad para dar atención a este delito.
Como ejemplo, dijo que desde noviembre pasado solicitó la aprehensión del director del IJJ, no obstante a pesar de las declaraciones de testigos y de otra joven que también fue acosada por el funcionario público, una juez determinó que no existían elementos para girar orden de aprehensión.
Ornelas Torres relató que desde que ingresó al instituto el 16 de junio del año pasado, el funcionario se dirigía a ella con palabra que la incomodaban como «flaquita o amorcito», meses después comenzó el contacto físico, finalmente intentó besarla a la fuerza en dos ocasiones.
Denunció que a pesar de haber recurrido a la Procuraduría de Justicia del Estado, el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la Mesa de Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN) al cual pertenece el funcionario, ninguna de estas dependencias ha establecido contacto con ella y «mantienen un silencio absoluto».
Advirtió que a pesar de que es la palabra de ella contra la del funcionario público «que tiene muchos conectes en la administración pública», está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr que el funcionario sea castigado.
2003/MM/MEL
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