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Expertas de CEDAW exigen respuestas al Estado mexicano

Por Lucía Lagunes Huerta, enviada

El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), criticó al Estado mexicano por la ambigüedad de sus respuestas sobre los supuestos avances de las políticas implementadas a favor de los derechos de la población femenina.

Dubravka ?imonovi, una de las 23 mujeres de diversos países que integran el Comité de Expertas de la CEDAW, pidió a las y los representantes del Estado mexicano respuestas concretas y no sólo la enumeración de leyes aprobadas en beneficio de las mujeres.

Y es que hoy la delegación de funcionarias y funcionarios mexicanos, encabezada por el embajador de México ante Organismos Internacionales, Luis Alfonso de Alba Góngora, presentó en la sede de la ONU un informe de las acciones emprendidas para eliminar la discriminación contra la población femenina, como parte de la evaluación internacional sobre el cumplimiento de los compromisos de la CEDAW.

“¿Cual es el nivel de reducción de las diversas formas de violencia contra las mujeres, para pensar que realmente se ha garantizado que ellas vivan seguras? Pido respuestas, no sólo leyes. ¿Cuál es el objetivo que se han trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que sí han logrado su objetivo?”, cuestionó severamente ?imonovi.

Las expertas del Comité restantes tampoco ocultaron su insatisfacción por las extensas, pero “imprecisas” respuestas de la delegación oficial mexicana.

Soledad Murillo de la Vega, también integrante del Comité de evaluación, manifestó su indignación ante la impunidad en torno a las violaciones sexuales cometidas por fuerzas policiales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.

“¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la propia policía, al día de hoy no haya un solo detenido?”, cuestionó la especialista.

Ante la ambigüedad de las respuestas de las y los representantes gubernamentales, la presidenta del Comité de Expertas, Silvia Pimentel, exigió información puntual y concreta.

La jefa alterna de la delegación mexicana, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Rocío García Gaytán, pidió al resto de funcionarias y funcionarias que dieran respuestas claras a las preguntas que hicieran las expertas de la ONU.

DISCURSOS VACÍOS

Las primeras representantes del Estado mexicano en comparecer ante el Comité de la CEDAW fueron la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, María Serrano, y la responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim), Dylcia García.

Ésta última dijo al Comité de Expertas que la Conavim tiene “acciones de impacto” para enfrentar la violencia contra las mexicanas, y presumió los bancos de datos para el registro de mujeres desaparecidas, el Protocolo Alba, la Alerta Amber, los Centros de Justicia, entre otras medidas.

En sus respectivos turnos, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de sus dependencias.

La secretaria de Seguimiento de los Programas de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, Mónica Maccise Duayhe, dio a conocer el número de talleres impartidos en formación de la perspectiva de género, y el número de funcionarios beneficiados.

Rocío García Gaytán tuvo que insistir a la delegación del Estado mexicano en que se aterrizaran las respuestas. “Estamos perdiendo un tiempo valioso”, lamentó.

Sobre la violencia contra defensoras de Derechos Humanos y mujeres periodistas, Dylcia García aseguró que se ha actuado de “manera contundente y rápida” ante este “fenómeno”, ya que ?informó? se han iniciado 228 averiguaciones previas sobre esos casos, y que 66 se refieren a violencia contra comunicadoras.

Abundó que entre 2010 y 2012, nueve informadoras han sido asesinadas, y que se han emitido 108 medidas cautelares para periodistas y sus familias, incluso dentro de las instalaciones de los medios de comunicación.

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