Explotación de mujeres en comunidades donde operan mineras

Las actividades mineras en varios países de América Latina (AL) vulneran los derechos de las mujeres que habitan los territorios explotados, ya que contaminan sus recursos de subsistencia y profundizan la desigualdad de género, advirtieron expertas.
 
Julia Cuadros Falla, directora de la organización peruana CooperAcción, explicó en entrevista que la explotación y excavación mineras generan múltiples impactos negativos para la población y el medio ambiente; sin embargo, detalló, el efecto es diferenciado entre mujeres y hombres.
 
La activista, quien realizó en 2010 la investigación “Impactos de la minería en la vida de hombres y mujeres”, señaló que la población femenina de los territorios donde ocurre la exploración y explotación mineras se ve obligada a desempeñar actividades adicionales a las que tradicionalmente realiza.
 
Por ejemplo, argumentó Cuadros Falla, los varones son contratados temporalmente para realizar tareas de baja remuneración como excavar, cargar minerales o limpiar caminos, por lo que dejan sus labores en el campo; mientras que las mujeres se dedican a tareas ligadas a la reproducción (cuidado de las y los hijos o labores del hogar), y a la par realizan las actividades que los hombres dejaron, lo que implica que ellas trabajen al día tres horas más que sus pares varones.
 
Además, para la minería también se contrata temporalmente a mujeres como mano de obra barata, por lo que las tareas cotidianas que generalmente realizan las delegan a menores de edad y personas adultas mayores.
 
Sin embargo, aclaró la especialista, en estos casos las niñas y las adolescentes son las más propensas a abandonar los estudios, ya que al año se ausentan en promedio tres meses de las escuelas.
 
Julia Cuadros lamentó que la “violencia machista” impida a las mujeres tener un mayor reconocimiento de la importancia de su labor para la sustentabilidad de los pueblos donde el recurso natural es explotado, además de que provoca que su voz sea ignorada por las empresas mineras.
 
También acusó que tales empresas se jactan de aplicar políticas de equidad de género porque dan trabajo a las mujeres, pero en realidad “invisibilizan” los graves efectos de la explotación de los recursos naturales y humanos para la vida y desarrollo de la población femenina.
 
Cuadros Fallo informó que como resultado de su investigación (realizada en 11 poblaciones mineras de Perú) se implementó una agenda de trabajo y un plan de acción por parte de las mujeres de las comunidades afectadas.
 
El plan –que incluye talleres y capacitación para sensibilizar a funcionarios, empleadores y varones sobre la importancia de la participación femenina en las decisiones políticas, sociales y económicas– derivó en que algunas mujeres ya ocupen puestos de mando en sus comunidades.
 
IMPACTO AMBIENTAL
 
Por su parte, la académica alemana Juliana Ströbele-Gregor acusó que las prácticas de excavación minera en AL están acabando con los recursos naturales de la región, destruyen la tierra y contaminan el agua y los suelos, provocando enfermedades en los animales y explotando a la población del territorio en el que excavan.
 
No obstante, advirtió, este efecto es peor para las mujeres, ya que son ellas –como responsables de la sustentabilidad de los hogares y de la comunidad– quienes están en contacto directo con los recursos contaminados.
 
Además, explicó, la dinámica sociocultural de las comunidades afectadas (la mayoría pobres y con población indígena) tiende a cambiar y a eliminar las prácticas vinculadas con el uso del territorio.
 
No obstante, según dijo la académica, las mujeres son las principales impulsoras de organizaciones para defender los territorios, lo que las expone a la represión del Estado. A la par, no tienen ningún poder de decisión dentro de sus comunidades porque no son dueñas de la tierra que defienden.
 
Al respecto aclaró que los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, como ejemplo, están desplegando a la policía para reprimir a los movimientos contra la explotación minera, mientras simulan un discurso “progresista” contra la pobreza y la desigualdad.
 
Ambas investigadoras coincidieron en que actualmente no existen políticas ambientales y de respeto de los pueblos y comunidades indígenas que consideren un enfoque de género, además de que las prácticas mineras constituyen una violación a Derechos Humanos, a las constituciones de los Estados y al marco internacional de derechos.
 
Cabe recordar que en México ha cobrado relevancia el caso de la activista Bettina Cruz, detenida de manera irregular el 28 de febrero de 2012 e ingresada al Reclusorio Regional de Tehuantepec, debido a su participación en una protesta pacífica contra empresas eólicas e hidroeléctricas que han afectado los derechos de comunidades en el Istmo de Tehuantepec, en el sureño estado de Oaxaca.
 
14/AJSE/RMB