En nuestro país urgen medidas legislativas más precisas que sirvan para detener y liberar a la infancia de uno de los abusos más crueles de la humanidad: la explotación sexual comercial, aseguró hoy la doctora en Derecho, Elva Cárdenas.
Al presentar su conferencia titulada Marco legal nacional e internacional de la explotación sexual comercial infantil, en un evento de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, se pronunció por tomar medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a las niñas y los niños, así como a los adolescente de este mal.
En el recinto legislativo de San Lázaro, recordó que luego de que México firmara en 1990 la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ocurrieron en nuestro país, diversas reformas legislativas relacionadas con los derechos de las y los niños.
Recordó que en diciembre de 1999, el Poder Legislativo aprobó la reforma y adición al artículo 4 de la Constitución que introduce la noción de los derechos de niñas y niños.
Asimismo, en abril de 2000, el legislativo aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, reglamentaria del artículo 4 Constitucional.
De ambas, la también académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, refirió que con ello se dio un paso importante, principalmente porque introducen por primera vez en la historia del país, el concepto de niñas, niños y de sus derechos, aspectos que resultan fundamentales para un trato diferente hacia esta población.
Sin embargo, reiteró, hay que seguir sumando esfuerzos, pues no sólo atañe al gobierno federal, organizaciones no gubernamentales, sino también a las instituciones educativas, medios de comunicación y la ciudadanía en general, para denunciar este problema.
Por su parte, la diputada Adriana González, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo que no hay un marco legal adecuado para tratar el problema de la explotación sexual infantil.
Expuso que el delito de prostitución de menores vía el uso de Internet no esta considerado como tal, pues para que el ilícito ocurra debe haber de por medio una transacción monetaria. Para la legisladora federal, se debería de caracterizarlo como abuso sexual.
González reconoció el trabajo que realiza la policía cibernética de la Procuraduría General de la República, sin embargo, no es suficiente. «Nos hemos visto limitados, necesitamos ser más precisos para actuar más rápidamente ante ese problema», concluyó.
2004/RGL/GV
