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Explotadas emigrantes guatemaltecas en la frontera sur de México

Por Carolina Velásquez

Invisibles a la vista de todos, las indígenas guatemaltecas emigran a México desde la franja fronteriza occidental de su país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Lo que encuentran son empleadores que ofrecen sueldos tres veces menores al mínimo vigente en el Distrito Federal, sin contrato ni prestaciones sociales, así como cargas excesivas de trabajo y malos tratos.

El 90 por ciento del trabajo en casa en Tapachula, Chiapas, es realizado por indígenas migrantes de la franja fronteriza occidental de Guatemala, quienes buscan en México mejores condiciones de vida, pero encuentran una realidad amarga por la explotación a la que se les somete y los bajos sueldos que reciben.

Mientras en España una inmigrante de Ucrania gana más en las labores domésticas que de maestra de idiomas en su país, en México las empleadas del hogar carecen de protección laborales y las prestaciones sociales son un sueño, pero si se es inmigrante no se puede pensar en ninguna posibilidad.

Tapachula es el foco de atracción más importante para las decenas de niñas indígenas de origen Maya, que buscan mejores condiciones de vida y una trabajo «decente» para poder contribuir al gasto familiar en sus comunidades de origen, donde la pobreza extrema agudiza el fenómeno migratorio.

Aunque esta parte de la frontera sur mexicana es paso obligado de migrantes centroamericanas que buscan alcanzar el «sueño americano», el trabajo doméstico es realizado sólo por las indígenas guatemaltecas, las salvadoreñas y nicaragüenses no forman parte de esta población, ya que se emplean en otros sectores, como la prostitución, por ejemplo.

SUELDOS BAJOS Y CONTRATOS DE PALABRA

De acuerdo con una investigación del Centro Fray Matías de Córdova, defensor de los derechos humanos de los migrantes en Chiapas, los empleadores o patrones se aprovechan de la edad de estas niñas, que tienen en su mayoría entre 12 o 13 años, para pagarles 500 o 700 pesos al mes. Es decir, la tercera parte de un sueldo mínimo en el Distrito Federal.

Sin contrato de trabajo, pues los arreglos son «de palabra», la jornada laboral comprende desde «que amanece hasta que se pone el Sol», su sueldo es bajo –dicen las empleadoras- pero también reciben un lugar para dormir, les dejan utilizar el baño y les dan los alimentos.

El parque central Miguel Hidalgo, de Tapachula, es el punto de reunión de las trabajadoras domésticas guatemaltecas. Los domingos, cuando disfrutan de su único día de descanso, van a este lugar para el encuentro con otros miembros de la familia, «echar novio», caminar, ver a las amigas.

Ahí, también, las buscan las empleadoras. En el jardín, frente a la fuente, en una banca, se hacen las contrataciones de manera verbal y se establecen «las condiciones» de trabajo, que en realidad son una serie de advertencias sobre lo que no deben hacer.

LUZ CUENTA SU HISTORIA

«Cuando estaba en mi casa, yo allá ayudaba a mis papás en el campo a cultivar el maíz, la papa y con eso teníamos para comer. Después a los siete años me fui a la escuela. Mi vida era muy bonita allá en el rancho, porque tenía a mis papás y a mis hermanos y en eso teníamos para comer y todo.

Pero el dinero sí nos hacía un poco de falta. Pese a la oposición inicial de su padre y, luego, de mucho pedirles a sus hermanas «que la trajeran», Luz llegó por primera vez a Tapachula en 1995, no recuerda que edad tenía, quizá entre trece y catorce años dice. Fue el comienzo. Por cien pesos sus hermanas le consiguieron trabajo en una casa, luego por 50 pesos mas se cambió para hacer el aseo de una tienda.

En Trabajo y Migración Femenina en la Frontera sur de México, estudio realizado por el Fray Matías en el 2002 y 2003, se documentó la historia y aplicó una encuesta a 94 mujeres de entre 13 y 45 años, empleadas en casa, en Tapachula.

La mayoría integrantes de los talleres de Santa Zita, proyecto que inició en 1994 a iniciativa de este Centro donde las trabajadoras domésticas reciben clases de alfabetización, primaria, mecanografía, costura y actividades artísticas y pláticas acerca de sus derechos humanos y laborales.

El trabajo es pionero en su tipo y hace un registro preliminar de las condiciones de vida y trabajo de las guatemaltecas empleadas en el servicio doméstico, un fenómeno que se repite todos los días desde el siglo pasado y que, sin embargo, ha sido objeto de muy pocos estudios.

La Investigación del Centro Fray Matías identificó que casi la mitad de las encuestadas había recibido «algún tipo de maltrato en las casas donde ha trabajado como empleada doméstica», un 25.7 por ciento dijeron haber tenido carga excesiva de trabajo, 18.9 recibió abusos por parte de los patrones y 5.4 reconoció haber sido despedidas de manera injustificada.

LA HISTORIA DE MARÍA

«En mi trabajo no me ha ido tan bien, la señora siempre me ha tratado… así media… media sangrona, no sé y me hacía de menos. Y yo pues como necesitaba dinero para mí, más que nada. Pero llega un diciembre, como 15 días antes del 24, estaba yo haciendo el aseo rapidito, porque ya era tarde y entonces dice ‘apúrate’ (la patrona), que eres bien lenta para hacer las cosas y empezó a gritar yo me puse nerviosa y triste».

Ser indocumentada, mujer, con baja escolaridad e indígena son condiciones que influyen sobre los posibles derechos que pueden tener las migrantes guatemaltecas, se informa en la investigación, lo que contribuye para que «la misma trabajadora no se considere sujeta de derechos y sólo vea su participación en su labor como un conjunto de obligaciones».

Sólo un porcentaje reducido –29 por ciento- de las mujeres que aceptaron haber sufrido maltrato lo reconoció e hizo una denuncia. No obstante, existen algunos casos en se ha denunciado y se ha llegado a un acuerdo entre las partes. De los 10 atendidos por Fray Matías la retención de salarios ha sido el principal motivo.

En octubre del 2000, María López, junto con Guadalupe López y Sandra Ramírez, todas de nacionalidad guatemalteca, fueron contratadas por la señora María del Carmen Lara, con un salario mensual de mil pesos.

Al año siguiente las despidieron sin explicar la causa. A María le debían un mes de sueldo, a Guadalupe quince días y a Sandra una semana. La señora se negó a pagar y las trabajadoras optaron por demandar.

«Se hicieron las gestiones extrajudiciales y como consecuencia del reclamo la patrona procedió a acusarlas ante la procuraduría de justicia por el delito de robo. Ante esta situación optamos por levantar la demanda formal ante la Junta Especial de conciliación y en diciembre del 2001 les pagaron 10 mil pesos a las tres empleadas».

Otra fue la situación de Julissa, quien en enero del 2002 fue detenida por la Policía Judicial del estado (PJE) acusada de robo de alhajas, por un monto de casi 28 mil pesos. La acusación la hizo su patrona, Martina Rodríguez, en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para que la acusada se declarara culpable elementos de la PJE la torturaron física y psicológicamente.

Se levantó una demanda en contra de los responsables por el delito de brutalidad policíaca y otras acciones.

«Como consecuencia de esta acción y al no poder pagar la fianza esta trabajadora estuvo presa por cinco meses y fue hasta mayo del 2002 que los mismos policías buscaron el desistimiento para ellos y de esa manera la señora Martina le otorgó el perdón (a Julissa) a cambio de su libertad».

El DIFÍCIL REGRESO

«La verdad no sé, a veces digo que quiero irme para allá pero… Ya trato de vivir lo mejor, por ejemplo, antes no teníamos luz, ahorita sí hay, ya hay escuela, la gente ya no ignora las cosas como antes, entonces pienso en hacer mis cosas, ya pude comprar mi cama, mi ropero,, otras cosas que yo deseaba tener antes… Dice María cuando se le preguntó si quería volver.

Para el Centro Fray Matías por su condición de invisibilidad las trabajadoras domésticas guatemaltecas son uno de los flujos migratorios más vulnerables en la frontera sur de México.

«El escenario en que se mueven es de indefensión y explotación». Situación que provoca la violación sistemática de sus derechos laborales que se agrava por la inexistencia de autoridades y otros organismos que las defiendan, concluyen.

2005/CV/SJ

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