Las mujeres indígenas se convirtieron en el eslabón más sacrificable del narcotráfico debido al fracaso para impartir justicia en México, concordaron hoy especialistas de 12 estados mexicanos.
Durante la conferencia magistral Derechos Humanos y Narcotráfico, dictada por la maestra en sociología Concepción Núñez en el Coloquio Nacional de Estudios de Género: La Condición de la Mujer en el Pacífico Mexicano, que concluye este viernes en la capital nayarita, se evidenció que cada vez son más las indígenas utilizadas como «mulitas» o «burreras».
En el penal de Santa María Ixcotel de la capital oaxaqueña, donde se purgan condenas por delitos federales, hay 107 presas, 54 por ciento de ellas por tráfico de estupefacientes y casi todas indígenas. En contraparte, de mil 114 hombres, solamente 10 están allí por la misma causa y tres son indígenas.
En su tesis doctoral en el Colegio de México, Núñez recabó testimonios sobre mujeres indígenas presas. Todas son muy pobres y las cantidades por las que las juzgaron suelen ser pequeñas: una de ellas fue condenada a 10 años de prisión por llevar 45 gramos de marihuana, informó la investigadora.
El narcotráfico y la globalización neoliberal, sostuvo Nuñez, repercute en comunidades enteras que pasan de las redes de solidaridad a las redes del crimen organizado.
«La globalización le ha dado al narcotráfico la pobreza extrema, sumada a la corrupción, la impunidad y la prohibición», señaló la especialista, quien se pronunció por la despenalización de las drogas «con lo que se responsabilizaría a los consumidores y también a Estados».
En tanto la médica perito de la Procuraduría General de Justicia en Nayarit, Rosa María Jiménez Ceja, aseveró que en el 99 por ciento de los delitos contra la salud juzgados en Nayarit las acusadas son mujeres indígenas.
La defensora jurídica de la Oficina Estatal del Instituto Nacional Indigenista (INI), Lucinda Arias Vázquez, dio testimonio de dos mujeres zapotecas que fueron detenidas en Nayarit cuando iban «acompañadas por un amigo» rumbo a Tijuana» en su ropa llevaban cuatro kilogramos de goma de opio. Una llevaba a un bebé de cinco meses. Ninguna habla español.
Arias criticó que aunque la Constitución establece el derecho a un traductor, el sistema de justicia carece de infraestructura para ello. Aún más las autoridades esperan que sea el INI o las familias quienes consigan traductores y los paguen.
El otro lado de la moneda es el del creciente número de jefas de cárteles de narcotráfico en el norte, advirtió Anajilda Mondaca Cota, investigadora en la Universidad de Occidente sobre la violencia simbólica en los llamados «narcocorridos».
2003/MR/MEL
|
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |