En su primer informe de actividades el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, delineó el mapa de la Ciudad de México en función de las violaciones a los derechos humanos que se dan de diversas formas: discriminación, extorsión, tortura, falta de servicios de salud, inseguridad pública, impunidad y abuso de autoridad.
Ante el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, funcionarios de la capital e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Álvarez Icaza calificó la discriminación a las mujeres como un atentado contra la dignidad.
Para el ombudsman capitalino el combate a la discriminación está en función de la equidad; por lo mismo, dijo, hacen falta acciones positivas que les brinden oportunidades a los grupos históricamente discriminados a fin de que dispongan de mayor acceso a los servicios sociales y a los procesos de toma de decisiones.
Lo anterior lo expresó Álvarez Icaza al anunciar ayer en el Museo de la Ciudad de México el programa de Lucha contra la Discriminación, que incluirá campañas orientadas a cambiar los patrones culturales que fomentan este fenómeno, al mismo tiempo que se impulse el respeto a la diversidad.
En materia de impartición de justicia el defensor de los derechos humanos indicó que los problemas más frecuentes que la comisión ha detectado son la extorsión, la negligencia, la negativa de la reparación del daño y la falta de indemnización moral y material, entre otros.
Asimismo informó que del primero de abril de 2001 al 28 de febrero de 2002 la CDHDF ha recibido 36 denuncias de tortura, por lo que sentenció: «la tortura no se tolerará y cada caso se investigará de forma independiente, por lo que los responsables serán llevados ante la justicia».
En cuanto a la inseguridad pública, el presidente de la Comisión capitalina comento que se han documentado casos en los que participaron integrantes de las fuerzas de seguridad en la atribución de delitos.
En este sentido consideró que combatir la inseguridad sin políticas públicas que aborden las causas que la generan plantea falsas soluciones. En este tenor rechazó que la reducción de la edad penal y facilitar el acceso a las armas de fuego sean opciones para una sociedad civilizada.
Álvarez Icaza también incluyó en su informe el drama que viven las personas por la falta de capacidad del Estado para proporcionarles los servicios de salud que requieren; a manera de ejemplo se refirió a la queja de una mujer que tuvo que dar a luz en los sanitarios del Hospital Inguarán el 29 de agosto pasado porque se le negó la atención médica.
Igualmente recordó el caso de otra mujer que tuvo que recorrer en una ambulancia del Escuadrón y Urgencias Médicas varios hospitales porque se negaban a recibirla, hasta que finalmente la atendieron en el Hospital Jardín Balbuena.
Más adelante se refirió a las condiciones en las que viven los presos en los reclusorios de la capital: aquí denunció las muertes reportadas como homicidios o suicidios, las deficiencias en los servicios de salud dentro de los penales y los cobros ilegales que se les hace a los internos.
También informó que la CDHDF tiene 18 recomendaciones pendientes de cumplimiento; 17 de ellas dirigidas al Gobierno del Distrito Federal y una al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
El defensor del pueblo aspiró a que los servidores públicos en nuestra ciudad sean los primeros en tutelar y proteger los derechos humanos; sólo así de verdad se estará contribuyendo a aplicar una real justicia.
Al término de su exposición el jefe de Gobierno del Distrito Federal reconoció que el poder público ha sido el violador por excelencia de los derechos humanos, no obstante se comprometió a atender las recomendaciones pendientes de la CDHDF al tiempo que manifestó su convicción por respetar los derechos humanos.
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