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Facilitan figuras penales persecución de periodistas

Por Román González

Figuras penales como difamación y calumnias han permitido que periodistas y comunicadores mexicanos sean perseguidos, hostigados y encarcelados por expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público, afirmó hoy el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni.

Al finalizar una visita oficial de ocho días a México, Bertoni agregó que mujeres y hombres periodistas son requeridos con frecuencia por las autoridades para que revelen sus fuentes de información, demandados por difamación y hostigados por publicar hechos como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

La Relatoría a su cargo es una oficina de carácter permanente que pertenece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya misión es estimular la conciencia por el pleno respeto a la libertad de expresión en el hemisferio.

El experto dio a conocer que periodistas de investigación han sido obligados a comparecer ante el Ministerio Público para que revelen sus fuentes de información. “Muchas de estas citas podrían producir un efecto nocivo en este tipo de periodismo, que en algunos casos expone asuntos vinculados con la corrupción administrativa o actividades ilegales”.

El relator constató la existencia de esas actividades tanto en el ámbito federal como en el local y entre otros casos mencionó a Adriana Varillas, de Cancún, Quintana Roo y Maribel Gutiérrez reportera y editora de la Sección Guerrero del periódico El Sur.

En el segundo de los casos, en el año 2002 en un modo inusual de investigación la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) interrogó a la reportera Maribel Gutiérrez, y ésta se negó a revelar la fuente que inculpa a un ganadero en Petatlán, Guerrero, por la muerte de la defensora Digna Ochoa.

En el interrogatorio de 94 preguntas, la reportera del diario, ex socio de La Jornada, protegió su fuente al sostener que todo lo que puede decir está publicado en las ediciones del 5, 6, 7 y 8 y 9 de junio de El Sur.

Ganadora en 1997 del premio otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, por su valor al ejercer el periodismo, Gutiérrez pidió que se asentara en el acta que las preguntas eran dirigidas a un testigo de los hechos, no a una reportera que hizo un trabajo periodístico; por lo que calificó el interrogatorio como inadecuado e irrespetuoso de su labor.

El relator explicó que en muchos de los casos reportados, ante una determinada publicación sobre un hecho delictivo, los operadores judiciales pretenden suplir su propio quehacer, “tomando el atajo de requerir de los periodistas los datos que podrían obtenerse por otros medios”.

Durante su visita el relator recibió información que da cuenta de que periodistas, fotógrafos y defensores de derechos humanos han sufrido agresiones y amenazas en el interior del país como Chihuahua, Guerrero y Chiapas.

En el caso de la entidad fronteriza, Bertoni dijo que los ataques están dirigidos a silenciar denuncias e investigaciones relacionadas con violaciones a derechos fundamentales perpetradas contra mujeres en Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Estados Unidos.

En tanto que en Guerrero y Chiapas acciones intimidatorias incluyen agresiones a periodistas que se disponen a documentar actuaciones irregulares por parte de personal del Ejército mexicano que está asentado en esas entidades.

La libertad de expresión no implica solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de expresar las ideas libremente sin sufrir consecuencias que van desde los homicidios hasta las agresiones, concluyó.

Bertoni realizó una visita de ocho días a México, donde se reunió con autoridades federales, estatales, organizaciones civiles y periodistas, quienes documentaron casos de violaciones al ejercicio de la libertad de expresión.

El relator analizará los casos y los incluirá en un informe que será presentado ante la plenaria de la Relatoría para que ésta emita recomendaciones al gobierno de México.

2003/RGL/MEL

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