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Fallan leyes antiviolencia en atención integral a víctimas

Por la Redacción
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A nivel global, la mayoría de las leyes enfocadas a la prevención, atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia no toma en cuenta las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
 
Lo anterior según el “Informe especial sobre la violencia contra las mujeres: visión general de los aspectos clave”, publicado en enero pasado en la Revista Panamericana de la Salud.
 
En el estudio se da cuenta de que muchas de las leyes existentes hasta el momento no garantizan la atención integral y adecuada para las mujeres víctimas de agresiones.
 
Realizado por las investigadoras Gabriela Ortiz-Barreda y Carmen Vives-Cases, en el informe se analizan las leyes de violencia contra las mujeres de 80 países para compararlas con recomendaciones emitidas por la OPS durante 2005, para la prevención y atención de la violencia doméstica.
 
El texto recuerda que la Organización Mundial de la Salud –de la cual depende la OPS– reportó que en 2005 más del 50 por ciento de las mujeres habían visto afectada su salud mental y psicológica como resultado de la violencia de pareja, y al mismo tiempo casi el 20 por ciento de ellas no denunciaban.  
 
A raíz de ello tanto la OPS como la OMS emitieron recomendaciones a los países miembros de las Naciones Unidas para incorporar a sus leyes contra la violencia de género servicios de apoyo y atención integral en materia de salud a víctimas de violencia.
 
Del mismo modo urgieron a los países que aún no contaban con la legislación en este rubro a crear el marco normativo.
 
También se instó a los países a reconocer la violencia contra las mujeres de manera explícita en las leyes, es decir, definirla de manera clara y precisa, así como diferenciarla por tipos para evitar confusiones o complicaciones al aplicar la normatividad.
 
De acuerdo con los resultados de la investigación, sólo 28 naciones definen por separado las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres (en las que se incluye la económica, física, psicológica y sexual).
 
El resto de los países basan sus leyes en la definición de la violencia doméstica, intrafamiliar o familiar, sin que incluyan el pleno reconocimiento de la violencia contra las mujeres.
 
De acuerdo con la OPS, esto puede representar un riesgo de que las leyes sean “manipuladas en contra de las mujeres”.
 
Al mismo tiempo –agregó– representa una limitación cuando se quiere determinar la obligación y responsabilidad de los diferentes sectores públicos para prevenir y atender la violencia de género.
 
Se destaca que estas limitaciones están más fuertemente asentadas en el sector salud, ya que no se establece cuáles son los servicios a los que se puede acceder en caso de ser víctima de alguno de los tipos de violencia, ya que cada uno requiere atención y apoyo distintos.
 
De acuerdo con el reporte, el costo de la violencia tiene repercusiones en el desarrollo financiero de un país, pues causa pérdida de la productividad, toda vez que cuando las mujeres son víctimas de violencia se ven obligadas a ausentarse de su empleo.  
 
Por otra parte la incidencia en la violencia contra las mujeres genera el uso de servicios sociales. Según estimaciones realizadas en Estados Unidos, el costo de estos servicios asciende a un billón de dólares anuales.
 
Finalmente en el texto se señala que cuando los gobiernos reformen o elaboren una legislación en la materia “las instancias normativas deben considerar la función vital de los servicios de salud”.
 
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