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Fallas de las estructuras del Estado para castigar a militares

Por Miriam González

“Ya han pasado 12 años desde que en Altamirano, Chiapas, en 1994, tres menores de edad indígenas, fueron violadas por militares mexicanos y este caso aún sigue en la impunidad”, señaló Mario Solórzano, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Hasta la fecha, las autoridades afirman que no pueden reparar el grave daño causado a las tzeltales, en virtud de que las instituciones que están investigando todavía no han fincado responsabilidad alguna, por lo que “de nuevo siguen fallando las estructuras del Estado por más que el discurso sea otro”.

Solórzano, expuso lo anterior al ser entrevistado en Público y Privado, programa radiofónico semanal que la agencia de Noticias CIMAC transmite en las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Una estrategia del Ejército y de todas las fuerzas de seguridad pública es la violencia sexual, “se presume cometida por los agentes de seguridad pública u orquestada o tolerada por sus mandos para romper con el tejido social”, circunstancia bajo la cual la mujer es una de las más afectadas, denunció Mario Solórzano.

El caso de las tzeltales refleja la falta de una normatividad adecuada, es decir, que responda a los compromisos internacionales de los cuales México ha sido parte en materia de violencia hacia las mujeres, principalmente a partir de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación, Prevención y Erradicación de la Violencia (CEDAW), añadió el defensor de los derechos humanos.

Han pasado 12 años y el caso sigue impune. Situación que en otro contexto se repite hoy en Coahuila, donde el pasado 11 de julio 14 mujeres fueron victimas de violación por parte de militares en la ciudad de Castaños.

América Latina tiene el antecedente de otros casos.

En Perú existe el reporte de violación por parte de militares contra la esposa de un activista peruano, “con el objeto de obtener información y amedrentarla. Fue violada en reiteradas oportunidades”, señaló Alejandra Nuño, de CEJIL, en un enlace vía telefónica desde Costa Rica.

Aún cuando el caso de Perú fue mucho antes que lo que sucedió en Altamirano Chiapas, también se aplicó para México con las tzeltales, abundó la representante de CEJIL Costa Rica.

A partir de las violaciones cometidas por elementos del Ejército mexicano en Chiapas, en 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo recomendaciones al gobierno federal sin que hasta ahora se hayan cumplido.

Tales recomendaciones giran en torno a tres cuestiones fundamentales, la prevención de este tipo de acciones, la investigación y sanción eficiente hacia los responsables y la reparación adecuada del daño a las víctimas, denunció Mario Solórzano.

¿Cómo se pueden entender los procesos que una mujer vive cuando ha sido violentada sexualmente?

“Literalmente se habla de un derrumbe interior, donde se rompe con todo lo que ellas conocían, confianza, auto concepto de mujer, es decir pierden la confianza de todo a su alrededor, generando un trastorno enorme, difícil de recuperar”, comentó Jessica Vargas, integrante de ADIVAC, organización civil especializada en violencia sexual.

Lo más grave, añadió la especialista, es que las víctimas dejan de ser visualizadas como sujetos de la sociedad y “se asumen como objetos, se despersonalizan”.

Además que tanto en México como en Perú, el abuso de poder continúa, los casos están pendientes y no se ha castigado a los responsables, el caso de Castaños, Coahuila, de no ser atendido por las autoridades podría estar en riesgo de quedar en la impunidad, coincidieron los especialistas.

06/MG/CV/LR

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