A pesar de que en América Latina hay un avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en las leyes, en la práctica sus garantías son transgredidas, muestra de ello es su falta de acceso a la justicia en casos de violencia y prohibición del aborto, aseguran feministas de la región en el texto «Los derechos de las mujeres en clave feminista. Experiencias de Cladem.
En entrevista, Guadalupe Ramos Ponce del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) refirió que no tener acceso a la justicia deriva en que las mujeres «sigan siendo violentadas, porque los agresores saben que no recibirán castigo».
Ésta es una de las principales preocupaciones de las mujeres activistas en la región, cuyas reflexiones fueron recopiladas durante los últimos dos años en el texto editado por Cladem, que se presentará hoy en el estado de Jalisco.
En la obra, además de la falta de acceso a la justicia se enuncian los retrocesos que regionalmente han sufrido las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, indicó Ramos Ponce, coordinadora de Cladem Jalisco.
Los países en los que estas garantías están siendo transgredidas son: Nicaragua, República Dominicana, Chile, y México, en este último país, fueron reformadas las leyes locales de 17 de sus 32 estados, para penalizar el aborto.
Asimismo, hace un balance regional sobre los derechos humanos de las mujeres, con base en la reflexión, prácticas y desafíos de las feministas contra los fundamentalismos.
En esta discusión participaron más de 100 militantes de Cladem, originarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Honduras y México.
El balance también es sobre el monitoreo y litigio de organismos internacionales que coadyuvan a la impartición de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.
Entre los casos emblemáticos que retomaron en la publicación está la sentencia que recién emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por el feminicidio de tres de las ocho mujeres asesinadas en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Las feministas también analizaron la situación de la joven peruana «KL», de 17 años de edad, a quien el Estado de Perú le negó el derecho al aborto, a pesar de que el feto carecía de bóveda craneana, y moriría durante la gestación o el parto, poniendo en riesgo la salud de la madre.
El caso llegó ante la CoIDH, organismo que en 2007 solicitó al gobierno de ese país la reparación del daño que sufrió «KL».
El texto también refiere la sanción que emitió este organismo internacional en contra del Estado brasileño, por omisión, negligencia y tolerancia de la violencia doméstica, en el caso de María Da Penha, quien en 1983 quedó paralítica debido a los golpes de su cónyuge, a quien la brasileña había demandado en varias ocasiones, sin que las autoridades intervinieran.
A partir de este hecho, fue que en ese país sudamericano se generaron leyes que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia. Estas legislaciones influyeron en la generación de otras en la región.
El libro que tiene como fin observar los avances en los derechos de las mujeres y la labor de Cladem en América Latina, también comprende un monitoreo sobre el cumplimiento de las disposiciones ratificadas por los países de la región, como son: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Belém do Pará) la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En el texto las feministas realizan una crítica al sistema patriarcal, pues indicó Ramos Ponce, «no se trata de una búsqueda de derechos porque sí, sino de una búsqueda de éstos porque nos fueron arrebatados».
Y añadió que lograr la estipulación y el respeto de los derechos humanos es importante porque son una «herramienta de cambio» para ser sujetas de derechos y poder ejercer ciudadanía.
Con esta obra, Cladem busca establecer vínculos con las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia, y con las y los investigadores, para reforzar «el trabajo de una lucha común de manera conjunta».
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