La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que ante la falta de recursos públicos suficientes para el sector salud en América Latina (AL), la reforma estructural de los servicios sanitarios en la región ha provocado una sobrecarga de trabajo en las mujeres que participan en labores comunitarias de cuidado y prevención de la salud.
El director del Programa Global en Evidencia para las Políticas de Salud del organismo de Naciones Unidas, David Evans, dijo a cimacnoticias que las reformas al sector salud en AL, iniciadas en la década de 1990, han provocado una mayor carga de labores a las mujeres al dejar en ellas tareas comunitarias como el cuidado de las y los enfermos, y actividades para prevenir enfermedades.
Advirtió que ese aumento del trabajo femenino ha provocado inequidad de género. Evans fue entrevistado durante la realización hace unos días de la Conferencia Internacional «Innovaciones para el Financiamiento de la Salud», organizada por la Secretaría de Salud (SS) y al cual asistieron especialistas de la ONU, CEPAL, Banco Mundial, y funcionarios de varios países.
El doctor en Economía por la Universidad Nacional de Australia apuntó que la OMS llamaría a todos los gobiernos a invertir más en salud, como una medida para revertir efectos negativos de la reforma del sector sanitario entre la población femenina.
David Evans lamentó que ante las «limitaciones» del presupuesto público para el sector, los gobiernos hayan optado por dejar mayores responsabilidades a las mujeres en el cuidado y prevención de la salud.
El secretario de Salud, Julio Frenk, informó recientemente que la inversión pública para la salud en México es «insuficiente» al alcanzar apenas 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto.
«De todas formas todas las políticas (en salud) deben estar orientadas hacia la equidad de género, y no cargar excesivamente a las mujeres (en esas labores)», convocó David Evans.
De cara al próximo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos convocó a una campaña para impedir la «privatización» de los servicios de salud en el mundo, la cual –esgrimen– amenaza el acceso de las mujeres a la salud y atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos.
En México, otras especialistas y ex funcionarias de la SS han denunciado que con las reformas al sector salud el gobierno federal aprovecha para su beneficio el papel que socialmente se le ha asignado a las mujeres para que cuiden a otras personas.
El discurso oficial destaca «la gran importancia de la sabiduría de las mujeres y su participación activa en el cuidado de la salud», para asignarles una responsabilidad basada en su condición de género, señaló en su momento la maestra en medicina social por la UAM Xochimilco Ángeles Garduño.
Explicó que la SS ha emprendido acciones como la atención ambulatoria en la que las y los enfermos crónicos, y las mujeres puérperas, ya no permanecen en los hospitales por tiempo prolongado sino que son atendidos en sus hogares por sus familiares (por lo general mujeres), con lo que el gobierno ahorra costos y se deslinda de su responsabilidad social.
La ex directora de Planeación e Investigación del Programa Mujer y Salud de la SS Dafna Feinholz, también reconoció en su momento que esa política gubernamental «representa una carga adicional o triple jornada» para las mujeres.
Igualmente, el llamado Seguro Popular (SP) –la iniciativa del presidente Vicente Fox para integrar, previo pago de una cuota, a los servicios de salud públicos a la población no derechohabiente– establece en sus reglas de operación como una obligación de las y los beneficiarios de ese sistema que adopten «conductas de promoción de la salud y prevención de enfermedades».
Otra obligación es que cuiden las instalaciones de los establecimientos de salud, y colaboren en su mantenimiento.
Sobre el SP, David Evans indicó que de lograr la cobertura universal de atención a la salud se alcanzará una equidad de género en la procuración de los servicios.
Sin embargo, advirtió que el gobierno debería reducir las contribuciones al SP de las familias encabezadas por mujeres, las cuales –subrayó– son las que tienen mayor riesgo de empobrecimiento al hacer frente a diversas enfermedades.
2004/RM/GV/SM
