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Falta de voluntad política para procurar justicia por homicidio

Por la Redacción

Luego de 7 años de batallas legales, la familia Sánchez Salas sigue esperando justicia para que el autor intelectual del homicidio de su hija Guadalupe Sánchez Salas, asesinada a balazos frente a sus hijas, reciba el castigo que se merece.

Aunque el caso fue presentado hace 4 años al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en el informe presentado en el 2002, aún no hemos visto resultados, precisa un comunicado firmado por Teresa Manzanares, directora de la Casa Para Todos.

Refiere que Guadalupe Sánchez Salas fue asesinada de dos impactos de balas expansivas que le destruyeron un brazo y la cabeza en presencia de sus dos pequeñas hijas a las que llevaba de la mano.

Hasta el momento, todo apunta que su esposo, Mario Mendoza Hernández, es el autor intelectual y fue denunciado penalmente.

Sin embargo, el juez 22 de lo penal en el distrito federal, Alejandro Jiménez Villarreal se excusó de seguir conociendo del juicio contra Mario Mendoza Hernández, debido a las críticas de la familia Sánchez Salas sobre las irregularidades que dicho juez había cometido en el expediente.

No ha habido acercamiento espontáneo de parte de las autoridades del poder judicial, aún cuando el Jefe de Gobierno local entregó ayer a los hijos de Guadalupe un apoyo económico del Fondo de Asistencia a Víctimas de Violencia de la Ciudad de México.

Doña Teresita de Jesús Salas, madre de Guadalupe, aún tiene confianza en las leyes y la esperanza de que se haga justicia, aunque de continuar las irregularidades el caso será presentado ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, bajo el procedimiento establecido en el Protocolo Facultativo previsto para quejas individuales.

“Lo haremos por Guadalupe, por sus hijas, por su mamá doña Teresita, y por todas las mujeres que aún padecen de un machismo asesino que igual infecta a un pseudo esposo afectado moralmente, que a un funcionario público encargado supuestamente de nuestra justicia”, concluye el documento

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