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Falta integrar la denuncia a políticas públicas contra la violencia

Por Soledad Jarquín Edgar

La situación de desventaja que enfrentan las mujeres indígenas origina frecuentes situaciones de violencia y violación de sus derechos sexuales y reproductivos, concluyeron organizaciones civiles que analizaron esa problemática en el marco del Día Internacional por la No Violencia Hacia las Mujeres.

En entrevista, Carmen Santiago Carranza, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, externó que aunque se observan avances en el análisis de denuncias hechas, “no vemos que éstos se traduzcan en la aplicación de políticas adecuadas de prevención y asistencia de los derechos sexuales y reproductivos, por una parte, y de la violencia intrafamiliar por el otro”.

Explicó que las denuncias presentadas este fin de semana en el foro convocado por diversas organizaciones de la entidad, muestra que la violencia hacia las mujeres indígenas es también institucional, y es sostenida de manera grave y silenciosa por políticas de la globalización y de ajuste estructural.

Situación que, señaló la dirigente de Flor y Canto, ha repercutido gravemente en las comunidades indígenas, donde lejos de impulsarse verdaderas estrategias de desarrollo sustentable, se observa mayor marginación social, así como graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, las organizaciones que convocaron al foro señalan en un comunicado que el programa Oportunidades que pretende la superación de la pobreza, ha generado graves violaciones a los derechos reproductivos de las personas y una serie de problemas en sus diferentes niveles de aplicación.

“El abismo entre el discurso oficial y la realidad de nuestros pueblos hace constatar que no basta el reconocimiento de los derechos humanos en leyes”, sino que son necesarias prácticas y políticas públicas que realmente sean conocidos y defendidos por la mayoría de la población.

Exponen que es necesario un plan de trabajo común, para reducir las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la violencia generalizada que sufren no sólo en la familia, sino también por parte de instituciones y autoridades, en la que se contemple la diversidad cultural de nuestro estado y el país.

Entre las conclusiones más importantes del foro destacan la necesidad de que las instituciones del gobierno sensibilicen y capaciten al personal de salud, docente, y de las instituciones de administración y procuración de justicia en los valores y normas culturales, así como en el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Además de dotar del material suficiente para los servicios médicos que se requieran, reconocer legalmente y apoyar a los médicos tradicionales en su capacitación y su labor, así como procurar salarios por el trabajo que realizan las parteras en las comunidades.

Santiago Carmona señaló que es importante que el programa Oportunidades evalúe la distribución de becas, no condicionarlo al empleo de métodos anticonceptivos, y planteó además un nuevo diseño del programa, adaptándolo a las diversas realidades de nuestro estado y que sea el resultado de una consulta a las mujeres destinatarias.

Entre los organismos que firmaron el pronunciamiento destacan, además el Centro de Derechos Humanos Ñu´u Ji Kandii, A. C., Promotores de Salud, Casa de la Mujer Rosario Castellanos, Promotores de Salud, Centro de Estudios de la Mujer y la Familia, Oko Ita Kuaa, Ita Ña´a Nuni, entre otros.

03/SJE/GMT

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