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Falta reforma para mejorar respuesta ante violencia de género

Por Laura Cadenas Sinovas

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentó hoy las conclusiones de un informe en el que se analizan 497 sentencias dictadas por Audiencias Provinciales entre 2012 y 2014.
 
Con los datos extraídos de las casi 500 sentencias analizadas, el Observatorio propuso reformas legales para mejorar la respuesta judicial ante la violencia de género.
 
Una de ellas es la supresión del elemento subjetivo estipulado en el artículo primero de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que establece que la norma tiene por objeto actuar cuando queda acreditado que la violencia se produce en una “intención de dominar a la mujer”.
 
El maltrato físico sin causar lesión es el delito que recibe mayor número de acusaciones, con 45 por ciento de las sentencias condenatorias y en 46.4 por ciento de las absolutorias. En términos cuantitativos, el segundo delito objeto de condena es el del quebrantamiento de la pena o de la medida cautelar para la protección de las víctimas de violencia de género, presente en 70 de las sentencias analizadas (18.7 por ciento).
 
El motivo de absolución más frecuente es la falta de pruebas al considerar insuficiente la declaración incriminatoria de la víctima, esto en 73 de las sentencias, 40.1 por ciento de las absolutorias.
 
En este sentido, Carmen Llompart, vocal del CGPJ, llamó a la concientización social: “La violencia de género es un problema de toda la sociedad. Se debe concientizar a la ciudadanía para no dejar solas a las víctimas a la hora de declarar”.
 
No obstante, Ángeles Carmona celebró que “cada vez las sentencias le están dando más valor probatorio a las declaraciones de las víctimas para efectuar las condenas”.
 
En cuanto al artículo primero de la Ley Integral, en el informe se propone la necesidad de una reforma urgente de los tipos penales de violencia de género que suprima la exigencia del “elemento intencional de dominación o machismo en la conducta del autor”, siendo suficiente el hecho de golpear o maltratar.
 
“La existencia de dominación expresa es un interpretativo y por tanto muy complejo que se ha ido desterrando”, dijo María Tardón, una de las personas encargadas de elaborar el estudio. No obstante, aclaró, una decena de órganos judiciales lo siguen exigiendo.
 
Otra de las conclusiones es el bajo porcentaje de denuncias falsas de mujeres víctimas de violencia machista, calificadas por Carmona como “un mito que podemos descartar totalmente”.
 
De las 497 sentencias analizadas “en tan sólo dos fue acordado expedir testimonio, no por denuncia falsa sino por falso testimonio de las víctimas. En ambos casos las víctimas falsearon los testimonios para proteger al agresor”, explicó la presidenta del Observatorio.
 
En cuanto a las agravantes, las más frecuentes son las de parentesco, presente en 70 de las sentencias, y la reincidencia, en 35 de los casos analizados.
 
El estudio advierte que en 71.2 por ciento de las sentencias se aplica la pena de prisión, un dato calificado como “optimista” por Ángeles Carmona, ya que supone que esta pena ha sido aplicada en tres de cada cuatro sentencias analizadas.
 
En los casos de penas diferentes a la prisión, las y los especialistas coinciden en la necesidad de dotar a la víctima de una mayor protección, abogando por complementar la orden de protección y la orden de alejamiento con la libertad vigilada, sólo aplicada en dos de los casos estudiados.
 
Vicente Magro, otro de los expertos, argumentó que “nos preocupa proteger a la víctima desde el momento en el que pone la denuncia. Reforzando la orden de protección y la orden de alejamiento con la medida de libertad vigilada trataremos de evitar la situaciones de elevación del riesgo que hasta ahora se están produciendo”.
 
Añadió que “hay infinidad de casos en los que las mujeres son asesinadas sin haber denunciado, por lo que dotándolas de mayor seguridad, las ayudaremos a reducir riesgos y a tomar la decisión de denunciar”.
 
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