Las leyes mexicanas tienen amplios recursos para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia intrafamiliar pero no son respetadas, advirtieron hoy expertos en el simposio Aspectos Jurídicos y Sociales del Síndrome del Niño Maltratado.
Laura Salinas Beristain, directora de Promoción y enlace del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), expuso que la Norma Oficial Mexicana 190, que obliga a los prestadores de servicios de salud a detectar, prevenir y evaluar riesgos de la violencia intrafamiliar, es la última parte de una pirámide jurídica, ya que el personal de las procuradurías y juzgados no se sienten obligados a cumplir con dicha normatividad.
Salinas Beristain destacó la importancia de que la prueba médica puede ser el factor principal para hacer justicia en caso de posibles actos de violencia intrafamiliar, pero existe la limitante de que nadie obliga a los encargados de hacer justicia a aplicarla.
Lamentó también que en 16 estados del país aún no exista una ley de violencia intrafamiliar, por lo que millones de mexicanas, niñas, niños y adolescentes permanecen al margen de recibir justicia ante un delito tan común.
Por ello señaló la urgencia de modificar los códigos de procedimientos para que en todo el país sea considerado como delito la violencia dentro del hogar, pero además que se proporcione el apoyo que requiere la familia y la víctima de violencia.
LEYES CON OBSTÁCULOS
El jefe del área jurídica de la Clínica de Atención al Niño Maltratado, José Manuel de Pando Cerda, coincidió en que de alguna manera están garantizados los derechos de los infantes, sin embargo hay circunstancias que obstaculizan el acceso de las niñas y niños a la procuración de justicia.
De Pando Cerda señaló que entre esos factores destacan la desconfianza e ineficiencia de las autoridades, la impunidad y la corrupción, la falta de coordinación entre las instituciones y la inexistencia de la readaptación social.
El abogado señaló que existe alarma entre la población por la cada vez mayor participación de menores de edad en actos delictivos, sin embargo advirtió que «no se percibe o se pretende ignorar que ello es resultado de la otra cara de la violencia intrafamiliar».
En ese sentido, coincidió con Salinas Beristain en la necesidad de educar a los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos y dejen de sufrir abusos.
A su vez, la responsable del área de Trabajo Social del Instituto Nacional de Pediatría, Claudia Posadas Martínez, se refirió al modelo que se aplica en esa institución para atender los casos de violencia intrafamiliar.
Señaló que entre los problemas más comunes que enfrentan destaca la indiscreción de personal médico y la falta de compromiso para dar seguimiento a este tipo de casos, así como para la aplicación del la NOM 190.
En las agencias del ministerio público, añadió la trabajadora social, no hay suficiente preparación para afrontar este tipo de casos, se carece de investigación, tampoco hay compromiso, además de los problemas de extorsión a la familia.
En el DIF, añadió, el personal no tiene información suficiente sobre los diversos tipos de maltrato infantil, falta discreción y no existe apoyo alguno para dar seguimiento a los mismos, en tanto que es común que dentro de la familia se presente la manipulación de la información, se aleccione al paciente y hasta se cambien de domicilio.
SJ/MEL
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