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Falta voluntad política para mejorar condiciones de trabajadoras del hogar

Por la Redacción
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Las organizaciones firmantes de este texto nos opusimos hace pocos meses a la Enmienda 6777, introducida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que retrasaba el reconocimiento de derechos y protección social de las trabajadoras de hogar y de cuidados. Hoy comprobamos que, a pesar del cambio de gobierno, la situación no ha variado significativamente.

La aprobación del Real Decreto 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral o de empleo, que contiene las cotizaciones en Empleo de Hogar para 2019, no representará mejoras en la protección de las trabajadoras y mantendrá los problemas actuales. En el año 2011, se aprobó la incorporación del Empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social pero se mantuvo como sistema especial, asumiendo el compromiso de ir regulando cuestiones pendientes hasta alcanzar la equiparación plena con el conjunto de trabajadores/as. Hoy seguimos esperando.

FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESTE SECTOR

En ese momento, se excluyó el reconocimiento de la prestación por desempleo y se aplazó hasta enero de 2019 alcanzar los mismos criterios en el cálculo de las pensiones (actualmente, los periodos no cotizados en Empleo de hogar no se contabilizan, como sí se hace en el resto de sectores del régimen general). Para esa fecha también se sustituiría el sistema de cotización a la Seguridad Social por tramos salariales por el de la cotización por salarios reales.

Después de siete años, el Partido Popular, con la enmienda 6777, aplazó ambas medidas en cinco años más, hasta 2024. Y ahora, el PSOE, con el Real Decreto 28/2018, mantiene el retraso en el reconocimiento de derechos aunque lo adelanta a enero de 2021, y aprueba para 2019 un sistema de tramos de cotización que creemos agudizará las dificultades: – Se incrementa la base del tramo 1, el más bajo, hasta 206 € al mes. La base mínima anterior también era demasiado elevada y sabemos qué consecuencias ha tenido: la mayoría de las trabajadoras con contrato de pocas horas no están dadas de alta en la Seguridad Social porque salario y cuota a pagar no guardan una proporción adecuada.

Ahora, la resistencia de la parte empleadora a dar de alta será todavía mayor. – Los tramos intermedios, del 2 al 9, se han organizado de tal manera que se incentiva que los empleadores, para pagar menos cuota, declaren salarios inferiores a los reales. Pero además, se repetirá lo que sucedía con los tramos anteriores: al pasar de año y modificarse el importe de los tramos, muchas trabajadoras van a cotizar por bases inferiores a las que tenían en 2018, a pesar de mantener el mismo salario. –

Es en el último tramo, a partir de los 1.294,01€ al mes, incluida prorrata de pagas extraordinarias, en el que se establece la cotización por salarios reales. Sin embargo, si no se pone en marcha un plan urgente, amplio y serio, para obtener la información sobre salarios y jornadas reales, no será posible garantizar su aplicación efectiva. Tendrían que adoptarse medidas para que la parte empleadora pueda cotizar por salarios reales con la ayuda de la Administración. Por otro lado, a las trabajadoras de hogar se nos deja solas frente a la parte empleadora en la exigencia del alta en la Seguridad Social y en el cumplimiento de la legalidad a la hora de cotizar. El Gobierno actual no nos tiene en cuenta para las campañas de la Inspección de Trabajo que controlan el fraude en otros sectores: nuestros derechos no parecen importar.

Esta modificación de tramos, por tanto, no mejorará en lo sustancial la situación de las trabajadoras, pero supondrá nuevos costes para la parte empleadora y multiplicará, con toda probabilidad, los trabajos no declarados en un sector que ya cuenta con una alta irregularidad (más de un tercio de los empleos actuales) y con ello, la precariedad y el no reconocimiento de derechos. La falta de recursos públicos determina que con la contratación de Empleo de Hogar se cubran las necesidades de atención y cuidados de las personas mayores y/o en situación de dependencia en sus domicilios y se resuelvan las exigencias de conciliaciones imposibles entre los ritmos y tiempos del trabajo con las necesidades de cuidado de la vida. Es, evidentemente, una salida accesible solo para quienes tienen los medios económicos para sostenerlo y excluye a aquellos y a aquellas que tienen menos recursos y cuentan con las pensiones más bajas. Nos sumamos por ello, a la exigencia de políticas públicas que garanticen plenamente la protección y el bienestar de las personas, de manera que no se cargue sobre las espaldas de las trabajadoras, ni sobre las de las personas que los necesitan, el coste de los cuidados.

Los cuidados no son una mercancía más, tienen que ser un derecho para todas las personas. No vamos a permitir que se siga ignorando la importancia de los trabajos de cuidados que realizamos las trabajadoras de hogar ni que se mantengan en la precariedad. Una parte importante somos mujeres migradas que sufrimos las consecuencias de una Ley de Extranjería que genera economía sumergida y nos expone a circuitos de abuso y vulneración de derechos.

La perspectiva para el 2019 es que la desprotección no solo continúe, sino que empeore y, esto es algo contra lo que vamos a luchar.

Las organizaciones firmantes exigimos:

– Equiparación, sin más demoras, de derechos laborales y protección social para las trabajadoras de hogar y de cuidados (incluida la prestación por desempleo, la cotización por salarios reales e iguales condiciones para el cálculo de las pensiones), con reconocimiento pleno en el Estatuto de los Trabajadores e integración completa en el Régimen General de la Seguridad Social.

– Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, acompañada de la incorporación efectiva en la normativa interna, estableciendo plazos concretos de aplicación y la dotación presupuestaria necesaria para que pueda implementarse. –

-Políticas públicas de cuidados que garanticen la cobertura universal con criterios de equidad y redistribución de los tiempos de vida laboral y personal. En este sentido, medidas concretas para integrar los costes de los cuidados en el domicilio como prestaciones del sistema público de atención a la dependencia.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Movimiento de Trabajadoras de hogar y de Cuidados; NoEnmienda6777 ANDALUCÍA. GRANADA Asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar ANDALUCÍA. GRANADA Plataforma de trabajadoras del Hogar de Granada,

*Este artículo fue retomado del portal de noticias Tribuna Feminista

 

19/LR/LGL

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