La actitud del secretario de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Javier Lozano Alarcón, es ofensiva y humillante, una falta de respeto para la Familia Pasta de Conchos, por lo cual solicitan una audiencia con Felipe Calderón «para que nos escuche y atienda nuestra demanda que es el rescate de los cuerpos, no hay otro tema», señaló Elvira Martínez, viuda del minero José Vladimir Muñoz.
Por su parte, Cristina Auberbach, asesora de la Organización Familia de Pasta de Conchos, que reúne a familiares de los 65 mineros muertos en el accidente de la mina, de los cuales sólo se han rescatado a dos, dijo hoy, poco antes de iniciar la marcha organizada junto con diversas organizaciones sociales para pedir justicia, que a las familias no les interesa la indemnización adicional, acordada por el STyPS y la empresa Industrial Minera México (IMMSA).
Aclaró que aunque la indemnización es un derecho que se les ha retenido por negligencia e ineficacia de las autoridades, lo que las familias solicitan es una audiencia con la máxima autoridad del país para que se realicen las labores de rescate de los restos de sus familiares.
En este sentido, Elvira Martínez señaló que el abogado de la Familia Pasta de Conchos ya valora las acciones legales que proceden para que sus derechos humanos no sean violados nuevamente.
AVIENTAN UNAS MONEDAS
A dos años de la muerte de los mineros, la STyPS «pretende aventar unas monedas», pactadas con la empresa IMMSA, a las y los deudos de los fallecidos, en lugar de rescatar los restos de los fallecidos, única demanda de los familiares, señaló en comunicado de prensa la organización civil Familia Pasta de Conchos, luego de conocer que entre ambas acordaron una «indemnización adicional» por 5 millones 250 mil pesos, lo que equivale a 80 mil pesos para cada familia.
La organización civil señaló con «indignación» que este pacto no resuelve su única demanda, que es el rescate, y «además resulta violatorio de nuestros derechos humanos».
La Familia Pasta de Conchos indicó que la STyPS no tiene facultades para tomar decisiones porque no ha consultado a las familias interesadas. Además denunció que el convenio entre el gobierno federal y la empresa, propiedad de Germán Larrea, «es ilegal y se desconoce desde ahora. Aunque se depositen las cantidades en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no es obligatorio que las familias reciban el dinero».
De igual forma, la Familia Pasta de Conchos aclaró que las pensiones son derechos irrenunciables, por lo que «la negativa a recibir estos recursos no trae como consecuencia la pérdida de sus derechos».
Las viudas, madres y huérfanos integrantes de dicha organización reiteraron que el campamento permanente, ubicado frente a las oficinas centrales de Grupo México, en Polanco, Ciudad de México, no se retirará hasta que se reinicien los trabajos de rescate en la mina de carbón.
UNA EMPRESA COMO NINGUNA
Cristina Auberbach recordó: Grupo México asegura que expertos internacionales en minas de carbón califican de irresponsable continuar las tareas de salvamento por la falta de seguridad. Afirma también la empresa que ha respondido a las familias como ninguno otro lo ha hecho, aún cuando se ha negado a dialogar con las familias interesadas y hace caso omiso a sus demandas, dijo la asesora de la Familia Pasta de Conchos.
La también miembro de Equipo Nacional Pastoral Laboral señaló que las familias tienen derecho a que se les haga justicia. Y para ello recurrirán a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, para que obliguen a la empresa a hacer las cosas como las establece la ley.
Por su parte, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, envió un mensaje a la Familia de Pasta de Conchos, en el que señala que la explosión registrada, hace 24 meses, en San Juan Sabinas no fue un simple incidente laboral, sino un homicidio industrial, el cual está impune, lo que es una «vergüenza nacional», y pidió a las autoridades que hagan prevalecer la ley y no los «compadrazgos».
En tanto, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, declaró a La Jornada que los familiares de los 65 mineros han vivido una doble tragedia: la pérdida de sus familiares y el rechazo de las autoridades federales encabezadas por el entonces presidente, Vicente Fox.
El gobernador informó que no se le ha notificado que se haya incrementado el número de inspectores de seguridad de la delegación estatal de la STyPS. «Dios quiera que no haya otra explosión porque se van a meter de nuevo en un problema muy fuerte», agregó Moreira Valdés.
08/GCJ/GG
