Yesenia Barenca López y su esposo Alberto Gazga Pérez exigieron una investigación exhaustiva que permita conocer las causas reales que provocaron la explosión de una camioneta que transportaba cohetones para ser usados en una marcha magisterial y que propició la muerte de su hijo Alberto.
Los padres, denunciaron también el silencio que sobre el caso ha guardado la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo secretario general, Azael Santiago Chepi, sigue sin responder a los planteamientos que por escrito le hicieron en julio pasado, entre los que piden su intervención para recibir «de manera inmediata y convincente» el resultado de las investigaciones, además de una indemnización «económica digna y suficiente».
Alberto Gazga Barenca, de 22 años, murió la mañana del pasado 14 de junio a las afueras de la ciudad de Oaxaca, momentos después de que iniciara una marcha con la que docentes de la sección 22 del SNTE conmemoraban tres años del surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dado a raíz del desalojo que los cuerpos policíacos locales trataron de llevar a cabo contra las y los maestros que permanecían en paro indefinido en el zócalo oaxaqueño.
El martes pasado, justo cuando el magisterio oaxaqueño inició un paro de cuatro días para exigir, mediante bloqueos carreteros y de oficinas públicas, el esclarecimiento del asesinato del profesor Norberto Camacho Sarabia en la comunidad costeña de San Pedro Jicayán, la madre y el padre de Alberto reclamaron que su deceso no sea «exigible políticamente».
Desde el hecho, nadie ha podido responderles qué hacía Alberto en esa marcha, «en una camioneta presumiblemente con explosivos» si él se desempeñaba como administrador del hotel del magisterio.
En conferencia de prensa, Yesenia Barenca y Alberto Gazga hicieron notar que tampoco saben «quién o quiénes lo instruyeron para participar y exponer su vida de manera tan irresponsable» y reprocharon el trato doloso que se ha dado al caso, ya que en algunos medios de información han difundido que su hijo «murió por su propia irresponsabilidad».
Asimismo, dieron a conocer copia de un documento fechado el 20 de julio pasado, cuyo original fue recibido por el dirigente magisterial Azael Santiago Chepi, y a quien le plantearon los motivos que les hacen dudar que la explosión del pasado de junio haya sido un accidente, por lo que solicitaron su intervención «para que las autoridades competentes indaguen este terrible suceso».
Reiteraron, además, que no han recibido ninguno de los beneficios que una comisión política de la sección 22 había acordado con el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado (IEEPO) para «compensar en algo el dolor de nuestra familia», como un contrato laboral por honorarios, más indemnización económica de 130 mil pesos».
«Cualquier padre de familia sabe que la muerte de un ser querido no se compra con dádivas materiales o económicas, porque no cambia el hecho irreversible de la muerte como en el caso de nuestro hijo. Porque si tuviéramos la oportunidad de escoger, por supuesto preferiríamos que siguiera vivo a nuestro lado», expusieron.
Por eso insisten en «que se sigan todas las líneas de investigación y se investiguen exhaustivamente todas las circunstancias y causas reales de la explosión» y, en consecuencia, «se dé con los responsables de la muerte de Alberto y se castigue ejemplarmente a los autores intelectuales o materiales».
09/NAD/LG
