Familias confían en rescate de los cuerpos de mineros

Las familias de los 63 trabajadores que quedaron sepultados el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, tienen la esperanza de que el gobierno federal rescate por fin los cuerpos, ya sea por voluntad política o como una medida para anticiparse a una posible resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En entrevista con Cimacnoticias, Cristina Auerbach, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), dijo que llevará tiempo el posible rescate de los cadáveres, anunciado a mediados de mayo pasado por Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
Además advirtió su preocupación de que el tema sirva a intereses partidistas, toda vez que el próximo 7 de julio en Coahuila habrá comicios locales para renovar ayuntamientos.
 
“Ahora todo el mundo quiere el rescate, hasta los que lo impidieron anteriormente, pero no es un tema electoral sino de justicia, así que  no habrá novedades ni avances hasta que pasen las elecciones, porque no se trata de una promesa de campaña”, expresó Auerbach.
 
La activista destacó que el anuncio de García Cervantes dio confianza a las familias de que ahora sí se rescatarán los restos de sus seres queridos. “Cuando él era senador hizo cuanto pudo por ayudarles”, recordó.
 
“Durante los gobiernos de (Vicente) Fox y de (Felipe) Calderón no se les hizo justicia a las familias porque no se les pegó la gana, fue muy humillante. Es muy injusto que una causa dependa de la voluntad política de quien esté en el gobierno”, criticó Cristina Auerbach.
 
Ahora, abundó, la diferencia es que el rescate será obligatorio, con o sin la voluntad del gobierno, ya que el anuncio de la PGR no es otra cosa más que adelantarse a una posible resolución de la CIDH, instancia ante la cual se interpuso una queja en 2010 para demandar el rescate de los cuerpos.
 
Es por ello que, según la PGR, ya se está llevando a cabo el peritaje correspondiente con una planeación técnica, para recuperar los cuerpos sin poner en riesgo la vida de los rescatistas.
 
Auerbach explicó que como nadie ha entrado a la mina en varios años, el peritaje tiene que partir de que “todo está destruido, inundado y en las peores condiciones, para elaborar manuales de procedimientos, con una investigación real de costos, tiempos y requerimientos técnicos”.
 
Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir Muñoz, uno de los 63 mineros sepultados, dijo que las familias saben que el rescate no será de un día para otro ni en un mes, porque requiere tiempo para planearlo.
 
“Vamos a tratar de ser pacientes; si ya esperamos siete años por el rescate de los cuerpos de nuestros familiares, podemos aguardar un poco más para evitar que suceda una nueva tragedia”, aseveró.
 
Martínez sostuvo que éste es el logro de siete años de resistencia en la lucha de los familiares, dado que tocaron puertas al gobierno en cada una de las instancias y siempre se les dio una negativa, hasta que tomaron la decisión de acudir a la CIDH, su última esperanza.
 
María Trinidad Cantú Cortés, presidenta de la OFPC y madre del minero Raúl Villasana, señaló que el anuncio del rescate les ayudó a recuperar la esperanza, incluso en las familias que habían dejado de luchar.
 
“Nunca me he retirado del movimiento, ni dejaré la lucha porque mi anhelo es rescatar lo que haya quedado de mi hijo, para llevarlo a donde debe de estar; por eso animo a otros para que sigamos juntos en la organización”, concluyó.
 
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