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Federación debe indagar violación a maestras y darles seguridad

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Ante la desconfianza de la población del estado de Guerrero en sus autoridades, es el gobierno federal el que debe indagar la implicación de policías federales en la presunta violación sexual de maestras de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en el puerto de Acapulco, llamó María Eugenia Solís García, litigante por los derechos de las mujeres ante la Corte Penal Internacional (CPI).
 
A la par –enfatizó la experta en entrevista con Cimacnoticias–, el Estado mexicano debe proporcionar los recursos necesarios para trasladar a las víctimas a otra entidad, ya que el involucramiento de autoridades en este hecho pone en riesgo la vida de las mujeres que decidan denunciar.
 
Hace más de 15 días que diversos medios de comunicación locales y nacionales denunciaron la presunta violación sexual de cuatro maestras de la CETEG, y hasta ahora la Fiscalía General de Guerrero no ha iniciado una averiguación al respecto porque –según ha señalado– no cuenta con alguna denuncia por parte de las víctimas.
 
Una de las maestras violentadas incluso tuvo que ser hospitalizada por su grave estado de salud, informó en su momento esta agencia de noticias.
 
A propósito de la respuesta de las autoridades judiciales de Guerrero, la abogada guatemalteca y ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) observó que quien debe iniciar las investigaciones es el gobierno federal porque las autoridades estatales ya no cuentan con la confianza y la credibilidad de las víctimas.
 
“En lo general (en otros casos de violencia sexual cometida por agentes del Estado) se exigiría a la entidad local que brinde medidas de protección para las víctimas, pero quién va a creer en una institucionalidad (la de Guerrero) tan desgastada y con tan poca credibilidad”, advirtió Solís García.
 
Agregó que el gobierno federal –a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República–  debe garantizar la seguridad de las maestras para que cuando denuncien la presunta violación sexual no sean más vulnerables.
 
La defensora –que ha litigado casos de tortura sexual contra mujeres en contextos de conflictos armados– señaló que el Estado mexicano tiene la deuda de instaurar mecanismos eficientes de protección para víctimas y testigos de transgresiones a las garantías fundamentales.
 
“TERROR” DEL ESTADO
 
María Eugenia Solís reveló que –de acuerdo con un acompañamiento que realiza a testigos de violaciones a Derechos Humanos (DH) en México– apenas a finales de enero pasado pudo constatar que en el estado de Oaxaca no hay garantías para que las víctimas y testigos denuncien o declaren, y detalló que esta situación se extiende al resto de las entidades donde las víctimas y grupos civiles son quienes consiguen que se garantice protección, pero sólo en situaciones particulares.
 
La abogada –que ha rendido informes periciales para la CoIDH y la Audiencia Nacional de España en casos de genocidio– observó que las garantías de seguridad para las víctimas no son generalizadas en México, “cosa que me sorprende; hasta mi país que es más pequeñito y se supone más atrasado tiene un sistema de protección a testigos y víctimas”, cuestionó.
 
Solís García, que en la CoIDH llevó casos de dirigentes indígenas que desaparecieron en Guatemala, añadió que “es una obligación del Estado de carácter internacional proveer seguridad a quien va a participar en un proceso jurídico, sobre todo si fueron víctimas”.
 
Las medidas que puede ofrecer el Estado para garantizar la vida y seguridad son variadas, pero en general se tiene que hacer patrullaje perimetral y permitirles a las víctimas una prueba anticipada, es decir, que declaren ante un juez antes de iniciar el proceso para que mientras éste siga ellas puedan cambiar de residencia.
 
“Si hay involucramiento de autoridades no se pueden quedar en la entidad –ni ellas ni su familia–, y el Estado proporciona ese dinero, hace un análisis de dónde pueden estar seguras”, abundó Solís.
 
Además, el contexto de Guerrero hace que no sea necesario que las víctimas tengan que probar que existe riesgo para ellas porque “esa población ya está dañada”, sostuvo la abogada.
 
Solís García enfatizó que en caso de comprobarse la violación sexual de al menos una maestra por parte de la Policía Federal (PF) el pasado 24 de febrero durante la represión a una protesta de la CETEG, el Estado estaría mandando un mensaje de “terror” en contra de las mujeres, especialmente de “terror sexualizado” para detener su actividad política y social.
 
La también activista calificó las acciones que han iniciado las instancias del gobierno guerrerense como “vacías”, de “doble moral e hipócritas”, ya que –en su opinión– “no pueden llamar a que (las maestras) denuncien si ese acto pone en riesgo su vida; eso es cínico y es un descaro”, criticó.
 
CINISMO DE AUTORIDADES
 
Una familiar de la profesora de la CETEG que tuvo que ser hospitalizada luego de las agresiones del pasado 24 de febrero declaró que ninguna instancia gubernamental le ha ofrecido apoyo ni acompañamiento, aun cuando los gastos médicos son mayores y la víctima podría enfrentar represalias por haber hecho público su testimonio.
 
A fin de documentar las medidas que las autoridades guerrerenses están garantizando a las maestras para que presenten sus denuncias, Cimacnoticias buscó sin resultados la voz oficial de diversas instituciones.
 
La Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la entidad se negó a que su titular, Brenda Cristal Nava Martínez, diera una entrevista y, a cambio, ofreció el audio de la única información pública que ha emitido al respecto.
 
En esa grabación –con fecha del pasado 6 de marzo– la fiscal asegura que el 27 de febrero su dependencia inició una denuncia de hechos –sin mencionar número de expediente– por presuntos hechos delictuosos de carácter sexual en contra de las profesoras de la CETEG.
 
La funcionaria informó que desde esa fecha se giraron oficios a la Policía Ministerial con el objetivo de investigar estos delitos, pero hasta el momento no hay informes de que ya hayan comparecido las maestras agraviadas.
 
También declaró que hasta ese día no había reportes médicos que denunciaran haber atendido a maestras víctimas de violación sexual, y enfatizó que es necesario que las maestras se presenten físicamente ante el Ministerio Público para tomar su declaración ministerial e iniciar el trámite correspondiente.
 
Los dos periodistas que interrogaban a Brenda Cristal Nava en ese momento preguntaron si habrá condiciones de seguridad para que las mujeres puedan denunciar y si se resguardará su identidad. La fiscal respondió afirmativamente con monosílabos y no dio más detalles.
 
Por su parte, la Secretaría de la Mujer de Guerrero no ha logrado establecer una fecha específica para que su titular, Rosalinda Ramírez Rodríguez, explique a esta agencia qué acciones está impulsando para acompañar a las mujeres que resultaron heridas durante el enfrentamiento con policías federales.
 
No obstante, tras esta solicitud la instancia publicó este martes 10 de marzo un mensaje en redes sociales –que no en su página oficial– para instar a las maestras a presentar denuncias garantizándoles únicamente “calidez y profesionalismo” en la atención.
 
En la publicación, la instancia reconoce que “ante los hechos ocurridos el día 24 de febrero del presente años por policías federales, la violencia contra las mujeres constituye una violación a sus DH más aún cuando es perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes”.
 
Y manifestó su “plena disposición a través de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer para brindar el apoyo, acompañamiento, asesoría jurídica y atenciónn psicológica a las maestras probables víctimas de tan denigrantes conductas”.
 
En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos postergó la entrevista que daría esta semana su presidente, Ramón Navarrete, a Cimacnoticias, debido a que el funcionario –según dijo su secretaria particular– estaba fuera de Guerrero.
 
Algunos medios locales han informado que la Comisión abrió un expediente por la agresión contra integrantes de la CETEG y la posible desaparición de algunos de ellos, pero no así por la supuesta violación sexual de las maestras.
 
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