Como parte de su política para impulsar el abordaje de los temas relacionados con la violencia doméstica, los ataques a defensores y defensoras de Derechos Humanos (DH) y la pena de muerte, la Embajada Británica, en coordinación con su similar de los Países Bajos facilitaron la realización del foro «Femicidios y Violencia contra las Mujeres en Guatemala».
En él se debatió sobre el acceso a la justicia, la modernización de ese sistema y el desempeño de las instituciones del Estado en la materia.
Julie Chappell, Embajadora del Reino Unido, consideró que en Guatemala las tasas de impunidad y femicidio han sido documentadas de forma aceptable, sin embargo son muy poco conocidas por la población; en América Latina la tasa de muertes violentas de mujeres aumentó en un 160 por ciento entre el 2005 y el 2007, dijo.
El sistema de justicia y las instituciones encargadas de brindar seguridad a las mujeres parecen incapaces de detener ese aumento, por lo que se requiere de una transformación profunda de la forma en la que opera el Estado, añadió Chappell.
Teunis Kamper, embajador del Reino de los Países Bajos, recordó que los hombres son asesinados por lo que hacen y a las mujeres se les da muerte por lo que son, al referirse al componente de género inmerso en las causas del femicidio.
Kamper indicó que el Congreso de la República atraviesa por un momento de «populismo jurídico» que consiste en la promulgación de leyes, pero relegan las acciones concretas que contribuirán a disminuir los índices de violencia machista en el país, como el fortalecimiento de la respectiva institucionalidad a través de la asignación del presupuesto necesario.
Falta liderazgo en el Congreso y en el Organismo Ejecutivo para abordar los temas de femicidio; recientemente en Quiché, una mujer fue violada y asesinada por asaltantes que le dieron muerte en su propio negocio, ubicado a escasos metros de la comisaría local, indicó el Embajador.
Ese caso refleja la inacción de la Policía Nacional Civil (PNC), de los operadores de justicia y de los funcionarios nombrados para atender dichos temas; la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó un paquete de normas que ayudarán a fortalecer los temas de seguridad, no obstante, las y los diputados han hecho caso omiso, añadió Kamper.
Alba Trejo, Comisionada Presidencial contra el Femicidio, hizo una fuerte crítica al Ministerio Público (MP) y dijo sentirse decepcionada al conocer casos de investigadores que les dicen a las madres de las víctimas que sus casos no serán resueltos, que los victimarios las tienen identificadas y que las asesinarán.
Los fiscales inducen el terror en las familias y las obligan a desestimar las declaraciones o renunciar a los procesos de denuncia; constituyen ejemplos de los factores que deben ser atendidos por el Estado y que deben ser erradicados a favor del fortalecimiento de la justicia en los casos de femicidio, enfatizó Trejo.
Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, reconoció que se avanza al establecer los juzgados y los tribunales especializados en femicidio, pero dijo que de nada servirán si prevalece la presencia de operadores de justicia con visiones misóginas.
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