A partir de mañana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) podría emitir su sentencia contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio en Campo Algodonero, predio ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya investigación gubernamental –al igual que la de otros casos de violencia feminicida en la entidad– ha sido denunciada en ésa y otras instancias como irregular, impropia o francamente irresponsable.
Ante la denuncia de dichas irregularidades en indagaciones judiciales sobre casos de feminicidio en Chihuahua, y por petición de expertos, las autoridades de la entidad crearon desde 2007 una Unidad Especial de investigación en la que se revisaron once expedientes de mujeres y niñas asesinadas en la entidad.
Los expertos internacionales contratados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) para tal fin, son: el prefecto Raúl Jofre, experto en policía criminalística de Chile, y Pedro Díaz Romero, ex abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien documentó para esta instancia diversos casos de violación a derechos humanos en Colombia.
El informe de la investigación de los expertos fue presentado a principios de este mes ante las autoridades estatales y familiares de las víctimas. Sobre dicha indagación habló el abogado Pedro Díaz Romero a Cimacnoticias, durante su reciente visita a México donde participó en una reunión de la OACNUDH:
— ¿Qué arroja el Informe presentado a los familiares?
— En él se concluye que la escena de los hechos fue trabajada «arbitraria y groseramente», que los cadáveres fueron movidos sin ningún protocolo, hubo insuficientes rastreos, no se hicieron las pruebas de campo necesarias (fijaciones fotográficas, fílmicas o planimétricas exigidas) y los restos fueron levantados «de una manera impropia».
De esta forma, el experto confirmó lo que el Equipo Argentino de Antropología Forense había determinado en su informe: la falta de custodia de las evidencias, la desaparición de restos y el intercambio de ropa de las víctimas.
Hubo, dijo, un caos en el manejo de la evidencia material que llevaba a desdibujar la investigación; pero también en la parte de la criminalística de la investigación policial se encontraron una serie de líneas de investigación absurdas como que las niñas abandonaron su casa para irse con el novio.
Para el ex fiscal de la CIDH, las investigaciones realizadas fueron «totalmente irresponsables» que no quisieron entender lo que sucedía como un «fenómeno», tratándolas como «investigaciones aisladas» cuando, dijo, fueron hechos que ocurrieron en semanas o meses siguientes, más o menos por los mismos lugares, con perfiles de las víctimas más o menos parecidos.
— ¿Por qué once expedientes?
— Parte del trabajo consistió en cómo reorientar las investigaciones de la desaparición y muerte de niñas y mujeres en Chihuahua «en algunos casos tipo», porque para poder aplicar un método de investigación, darle seguimiento y ver cómo concluye, es necesario hacerlo con casos tipo, por eso es que únicamente se estudiaron once expedientes.
Los expedientes corresponden a los homicidios de Paloma Escobar Ledezma, Minerva Torres Albeldaño, Ericka Ruiz Zavala, Ivone Marcela Rayas, Claudia Judith Urías, Neyra Azucena Cervantes, Diana Yazmín García Medrano, Perla Chávez, Miriam Cristina Gallegos, Rosalba Pizarro y Gloria Irene Tarango, desaparecidas entre 2001 y 2004.
Sin embargo, detalló el experto, «nunca se investigaron las desapariciones en debida forma ni se hicieron las diligencias a tiempo, hasta que años después empezaron a aparecer restos desperdigados por todos los alrededores de Chihuahua y todos inicialmente sin identificar, salvo el caso de Paloma que apareció a final de mes y el de Neyra Azucena que apareció dos meses después».
Después de los años, denunció Díaz Romero, se ha perdido evidencia, tiempo, se ha dificultado la investigación y se ignora quiénes son los responsables de estas investigaciones y montajes, de la manipulación de las evidencias, del daño a la escena del crimen; nadie fue investigado ni sancionado, por el contrario, quedaron en la misma entidad o consiguieron mejores plazas y ubicaciones.
ESTADO, OBLIGADO A INVESTIGAR
Para el experto de la CIDH, el Estado mexicano está obligado a investigar estos asesinatos como violaciones a los derechos humanos, ya que la forma en que fueron asesinadas las mujeres y niñas «es una violencia extrema ejercida en contra de las mujeres motivada por aspectos misóginos y un desprecio total hacia ellas».
— ¿El Estado tendría que reconocer la existencia de violencia feminicida?
— Para tener un mejor contexto de lo que pasó, se deben utilizar los más de 15 informes que hay sobre la situación de violencia contra las mujeres en Juárez y los elementos del Derecho Internacional de los derechos humanos como la Convención Belem Do Pará y la CEDAW.
«Estos casos no tendrán una consecuencia penal porque existe el principio de legalidad que es el que define los delitos y bajo esta ley se llaman homicidios, asesinatos o muertes; por eso, la investigación tiene que ser bajo la óptica de los derechos humanos, ya que la Convención Interamericana establece que esta violencia contra las mujeres se torna en violación de derechos cuando es sistemática.
Para el caso de los once expedientes estudiados la hubo, dijo Díaz Romero, cuando todo el aparato de investigación y de justicia del Estado se presta para favorecer la impunidad, existe una violación a los derechos humanos.
LA UNIDAD ESPECIAL
En julio de 2007 inició el proyecto para diseñar la unidad especial de investigación de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas en Chihuahua, con un enfoque de derechos humanos y no de homicidios, presidido por los expertos Raúl Jofre y Pedro Díaz.
Cabe recordar que, como parte de las modificaciones emprendidas a partir del nuevo modelo de justicia penal en la entidad, en abril de 2008 el gobierno estatal cerró la oficina para la búsqueda de mujeres desaparecidas convirtiéndola en la oficina para la búsqueda de personas ausentes y/o extraviadas.
Se constituyó la Unidad Especial de Fiscales dentro de la Procuraduría de Chihuahua, pero que es independiente y autónoma, aclaró el ex abogado de la CIDH, Pedro Díaz Romero.
— ¿Cuál fue la tarea que ustedes realizaron?
— Asesorar en cuanto a evaluación de las pruebas dentro de los formatos de estándares internacionales que se conoce para que este tipo de investigaciones se hicieran bajo el marco internacional de los derechos humanos.
— ¿Hubo algún resultado de las pesquisas?
— Se logró llevar a proceso el caso de una de las once jóvenes asesinadas, el de Claudia Judith Urías, una adolescente de 14 años que en su entorno familiar era molestada por un tío político y fue asesinada por un repartidor de gas quien confesó su delito en mayo del año pasado y actualmente permanece preso y en proceso.
¿ES POSIBLE LA JUSTICIA?
El experto colombiano dejó en claro que «si el Estado quiere seguir implantando este sistema de investigación lo tiene que fortalecer aunque en este momento la prioridad sea la lucha contra el narcotráfico y el secuestro».
«Si el Estado asume estas investigaciones con seriedad, transparencia y permanece la Unidad Especializada que se dedique exclusivamente a este tipo de investigaciones con recursos específicos tanto materiales como humanos, hay posibilidad de que avancen más casos, como el de Claudia Judith.
Pero en algunos más esto no será posible debido a la forma irresponsable en la que actuaron los peritos, quienes nunca se allegaron pruebas de carácter técnico para establecer la causa y data de muerte, y eso hoy en día es muy complejo y difícil de establecer. En algunos casos, se podrá mediante ciertas pruebas de antropología y patología forense, pero la mayoría no porque, después de seis o siete años, cómo puedes reconstruir una lesión si no se han conservado bien ciertas partes de los restos óseos, por ejemplo el cráneo.
09/LGL/PB/GG
