Desde que en 1993 se iniciaron los registros de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez nos hemos preguntado qué hace falta para que el Estado, incluida su sociedad, reaccione indignada y desarrolle una alerta urgente para salvar la vida de las mujeres.
En 1993 tan sólo en Ciudad Juárez se reconoció el asesinato de 500 mujeres, 17 años después no sólo el crimen de mujeres sigue ante la ausencia de acciones efectivas por parte de los gobiernos municipal, estatal, y federal. Hoy se estima que cada año mil 200 mujeres son asesinadas, y las autoridades se escudan en la burocracia y en la creación de instancias ineficaces.
El desprecio por la vida de las mujeres no es sólo un asunto nacional, se extiende a lo largo y ancho de nuestro mundo. Una de las razones por las cuales no se detiene es la impunidad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres.
Por eso organizaciones de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y México, iniciaron la campaña de Acceso a la Justicia para las Mujeres. La campaña no solo tiene propósitos jurídicos contra los asesinos de mujeres, busca también protegerlas antes para evitar que sean asesinadas.
Un total de 529 asesinatos de mujeres tan sólo en 8 estados de la República, 720 asesinatos de mujeres que van en Guatemala; 579 en El Salvador; 405 en Honduras y otro número igual en Nicaragua, todo en 2009.
Más allá de las cifras están las vidas concretas, mujeres que tenían planes de vida, que estudiaban, trabajaban dentro y fuera de sus hogares, que eran madres de familia.
Mujeres que denunciaron ante la autoridad violencia por parte de sus parejas sin que fueran escuchadas y protegidas, madres que denunciaron la desaparición de sus hijas y tuvieron que esperar 72 horas para que iniciaran las investigaciones porque así lo determina un procedimiento.
Todas ellas fueron abandonadas a su suerte y con ello el Estado incumple su deber de protegerlas, de garantizarles la vida porque esas burocracias y sorderas se volvieron cómplices de los agresores, de los asesinos de mujeres quienes ante la inacción del Estado actúan de manera impune.
La negación de una alerta de género en Veracruz, la liberación de un homicida probado y sentencia a prisión en el Estado de México, o la declaración ramplona de funcionarios, quienes sin investigación previa, aseguran que los asesinatos son productos del crimen organizado o las pandillas son muestra cotidianas de la impunidad.
Mujeres que esperan justicia dentro y fuera de sus países como Valentina e Inés, cuyos casos esperan la sentencia en la Corte Interamericana este año o las hermanas González, quienes desde 1994 exigen justicia, sin que hasta ahora la reciban.
Todo lo contrario, cuando se trata de castigar a las mujeres inocentes como Alberta y Teresa, mujeres otomíes cuyo delito es ser indígenas.
Por ellas y por nosotras, ¡ni una asesinada más!
* Periodista mexicana, directora general de la agencia CIMAC
10/LL/LR/LGL
