La violencia contra las mujeres no puede analizarse y enfrentarse de manera aislada, sino vinculada a los factores de desigualdad económica, social y cultural que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, los que tienen su correlato en la desigualdad de recursos en el ámbito privado y en la esfera pública y están en directa relación con la desigual distribución del trabajo, especialmente el trabajo doméstico no remunerado.
Desde una perspectiva de género también son fundamentales para la igualdad temas que tradicionalmente han estado invisibilizados, como la igualdad intrafamiliar o en el hogar, la igualdad en la disposición de tiempo y la igualdad en la relación entre trabajo remunerado y no remunerado.
Afirmaciones que forman parte del documento “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible”, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su trigésimo quinto periodo de sesiones, celebrada en Lima, Perú del 5 al 9 de mayo.
Cepal dedica un apartado especial a los aportes desde la perspectiva de género. Analiza cómo el feminismo ensancha el campo semántico y político de la igualdad.
Para este organismo, la igualdad incluye igualdad de medios, de oportunidades y de capacidades (ingresos, condiciones de vida, salud y educación), pero en el marco de un sentido más profundo, que entiende la igualdad como igual dignidad ciudadana, en un orden de sujetos autónomos y vulnerables a la vez, que deben ser reconocidos mutuamente en ese doble carácter.
Atendiendo a la igualdad de “capacidades” se analiza el indicador sobre población sin ingresos propios según sexo. Su objetivo es reflejar la falta de autonomía económica de las mujeres en América Latina.
Ahora bien, este indicador no está exento de limitaciones, ya que los ingresos propios no garantizan autonomía cuando son insuficientes, es el caso de México donde los salarios de las mujeres son muy bajos.
En la región la proporción de mujeres sin ingresos propios es de 32 por ciento, frente a un 12 por ciento masculina (datos de 2011). La brecha o desigualdad entre sexos es muy amplia y necesariamente se ve reflejada en los índices de pobreza por sexo.
Un tercio de las mujeres de 15 años y más que no estudian no logran generar ingresos y son económicamente dependientes, lo que afecta gravemente su autonomía económica y, por ende, sus posibilidades de superación de la pobreza; una reducción de este indicador puede provenir de una disminución del número de mujeres sin ingresos propios o de un incremento de la proporción de mujeres de 15 años y más que no estudian.
Diez países presentan un descenso de la proporción de mujeres sin ingresos propios: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
En el caso de México la proporción de mujeres sin ingresos propios paso de 44 a 34 por ciento entre 2002 y 2011. Sin embargo esta proporción es superior a la que se registra en cinco países: Perú, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.
La caída de la proporción de mujeres sin ingresos propios es mucho mayor que el incremento de la participación laboral femenina (de hecho, la tasa de actividad femenina se mantuvo relativamente estable), lo que implica que una gran parte de la disminución registrada en el indicador se debe a los ingresos provenientes de transferencias del Estado, en programas como Oportunidades.
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Los programas de transferencias condicionadas puestos en marcha en los países de la región en la primera década del siglo XXI se caracterizan por ser “feminizados”, en el sentido de que son las mujeres quienes principalmente reciben los beneficios.
Si bien estos programas han permitido que las mujeres se convirtieran en actores esenciales de la política social, presentan características que dificultan la erradicación de las causas fundamentales de la desigualdad de género: reflejan una visión maternalista que consolida el rol de las mujeres como cuidadoras y como mediadoras entre el Estado y la familia sin promover mecanismos que les permitan una participación económica independiente de la asistencia.
Por otra parte, un efecto que puede considerarse positivo es que, dado que estas transferencias se dirigen de preferencia a las mujeres que son madres, pueden modificar la relación de poder en los hogares.
Tal como ha venido planteando la Cepal, de fundamental importancia es el mundo del trabajo para entender las fábricas y eslabones de la desigualdad, así como la sostenibilidad en el camino de progresión hacia la mayor igualdad.
El mundo del trabajo se analiza como espacio fundamental, en la concepción de igualdad del organismo. El trabajo no es solo el lugar en que pueden reducirse brechas de ingresos y de acceso a la seguridad social, sino también un espacio fundamental para el reconocimiento recíproco mediante la interacción social, la extensión de la sociabilidad hacia ámbitos no domésticos y el desarrollo de potencialidades en aras de la mayor autonomía de las personas.
No obstante, las capacidades de las mujeres aún no son aprovechadas cabalmente por los mercados de trabajo. Persisten altos niveles de segregación ocupacional y techo de cristal para las mujeres, fenómenos que no muestran una tendencia a mejorar en la década.
Tampoco se identifican tendencias positivas en relación con las significativas brechas salariales entre mujeres y hombres, lo cual concurre en un panorama poco alentador para las mujeres en general, y mucho más crítico cuando se considera a las indígenas.
Se mantiene incólume la asimetría en la carga de trabajo total entre mujeres y hombres. En síntesis, las brechas en el mundo del trabajo claramente redundan en brechas de igualdad, donde la autonomía está muy desigualmente distribuida por sexo, y la productividad sigue siendo relativamente baja, con fuertes brechas y sin cambios estructurales que den sostenibilidad en el futuro a una reducción de brechas entre los distintos sectores que componen el mundo del trabajo.
De acuerdo a este documento un pacto social es un instrumento político para implementar, en un contexto democrático, las políticas y reformas institucionales que los países de América Latina y el Caribe requieren para responder ante la encrucijada que actualmente enfrentan.
Se trata de un acuerdo o una relación de cooperación de largo plazo entre actores políticos y sociales de un país, con posibles adaptaciones ante eventuales modificaciones de la coyuntura y con procedimientos acordados de difusión de información, consulta y negociación.
Por este medio se puede construir viabilidad política para alcanzar una nueva trayectoria de crecimiento y cambio estructural que de manera sostenible asegure grados progresivos de igualdad, sobre la base de propuestas formuladas e implementadas de manera participativa y democrática, adaptándose según las condiciones propias de cada país. Así se procura superar el peligro de confinar las propuestas de cambio estructural para la igualdad al voluntarismo y a la expresión de buenas intenciones.
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
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