Organizaciones civiles que trabajan a favor de los derechos humanos manifestaron su profundo rechazo a las declaraciones de Cecilia Romero Castillo, Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), sobre la «integración de expedientes» de las personas migrantes aseguradas en las estaciones migratorias, mediante la toma de fotografías y huellas digitales, porque son violatorias de los derechos humanos
La postura de la Comisionada, señalan las OSC, no está acompañada de un razonamiento en torno a la pertinencia de la medida, ni de una explicación sobre el uso que el Instituto dará a esa información.
Las organizaciones que rechazan lo anunciado por Romero son: Albergue del Desierto, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Derechos Humanos del Migrante, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social, Clínica de Interés Público, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
También, Foro Migraciones, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, Servicio Jesuita a Migrantes–México, Sin Fronteras IAP, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA.
Recuerdan las OSC que durante muchos años sus integrantes se han opuesto, por la ilegalidad que entraña dicha práctica, a que el INM opere realizando fichajes de las y los migrantes. Y ahora, señalan, no sólo se pretende continuar esta práctica reprobable a la luz de un marco jurídico respetuoso de los derechos humanos y las facultades concedidas al Estado, sino que se quiere convertir a la ley en su instrumento de arbitrariedad convirtiéndole en «legal».
Además, ese «fichaje» que se pretende normar no sólo se haría a las y los migrantes, sino a todas las personas que ingresan a las estaciones migratorias, incluyendo familiares, amigos, funcionarios consulares, abogados y defensores de derechos humanos, lo cual es violatorio del derecho a la intimidad.
En caso de que se restrinjan estos derechos, explican las OSC, se debe hacer en una norma de mayor jerarquía y no en una norma que regula aspectos operativos como el Anteproyecto de Normas en cuestión.
Las organizaciones civiles reiteran que esta medida de «fichaje» no se justifica y no es un mecanismo adecuado de prevención del delito. Para ello, se pueden instalar otros mecanismos de seguridad en los accesos a las estaciones migratorias.
ACUERDOS OLVIDADOS
Las OSC que firman el comunicado recuerdan al INM y a su Comisionada que en un espacio de análisis y discusión que tuvieron meses atrás con la Subsecretaría de Población Migración y Asuntos Religiosos, a cargo entonces de Florencio Salazar Adame, abordaron las nuevas Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias del INM y se realizaron varias observaciones, llegando a diversos acuerdos sobre el nuevo Reglamento, mismos que serían enviados para su seguimiento a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
Entre los compromisos acordados entre el Gobierno de México y las OSC –que serían enviados para su seguimiento a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)– están: la clasificación de las estaciones migratorias, las condiciones de aseguramiento, separación y traslado de personas aseguradas, atención médica, visitas, acceso al debido proceso y la disminución de las restricciones al ingreso a las estaciones migratorias de abogados y organizaciones de la sociedad civil.
Actualmente, continúa el comunicado, se siguen presentando irregularidades al interior de las estaciones migratorias, mismas que se agravarían de aprobarse el Proyecto de Normas.
Baste mencionar, dicen, que en el Anteproyecto de Normas hay artículos que tienden a extender indefinidamente el aseguramiento, afectando la libertad personal; estigmatizar mediante separaciones injustificadas o desmedidas de la población; falta de claridad en la clasificación a las estaciones migratorias; y una confusión entre el procedimiento migratorio que determina la situación jurídica de la persona extranjera y el procedimiento administrativo seguido para registro y control de la población que se encuentra asegurada.
Por tal motivo, las organizaciones se manifiestan por una participación amplia y plural de la sociedad civil en la construcción de este tipo de normatividad e instan a las autoridades a reconocer los avances y compromisos adquiridos.
Asimismo, reafirman su disposición a continuar el diálogo, en aras de avanzar para mejorar la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en México.
08/GG/CV
