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Firma Estado mexicano acuerdo de solución amistosa por caso de feminicidio

Por Gladis Torres Ruiz

El Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma, cometido en 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se comprometió, entre otras cosas, a esclarecer su asesinato y reparar el daño a su familia.

En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Norma Ledezma, madre de Paloma, informó que el pasado 3 de agosto las y los peticionarios ante la CIDH -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil)- firmaron este acuerdo con representantes del Gobierno del estado de Chihuahua y del Gobierno Federal.

La también directora- fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que el acuerdo se da luego de varios meses de negociación.

Recordó que el año pasado después de que la CIDH emitió las recomendaciones al gobierno de la entidad por el caso de Paloma, se llevó a cabo el proceso de cambio de gobierno, por lo que fue en diciembre cuando iniciaron las pláticas con el gobierno encabezado por César Horacio Duarte Jáquez.

Finalmente el miércoles pasado se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal y estatal se ven obligados a ejecutar (sin plazos) las distintas medidas de reparación, la cuales incluyen las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma, así como identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.

Los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, una disculpa pública de parte de autoridades federales y estatales y un monumento en honor a la memoria de Paloma.

También establece la implementación de políticas publicas a favor de los derechos humanos (DH) de las mujeres de la entidad, como incluir en las universidades las materias de perspectiva de género y DH, la promoción de campañas de difusión para respetar y garantizar los DH y capacitar al personal que se encarga de investigar los casos de feminicidio entre otras, detalló Norma Ledezma.

La activista señaló que en caso de que el Estado incumpla con las recomendaciones signadas, la CIDH determinaría si el caso se remite a la Corte. Recordó que en la Comisión aun quedan dos casos pendientes, el de Silvia Arce, que desapareció en 1998 en Chihuahua y el de Minerva Teresa Torres Avendaño desaparecida en 2002.

“Tenemos estos dos casos en espera, los cuales estamos reactivando, el resultado del caso de Paloma nos alienta y nos da señales de que vamos por muy buen camino”.

EL LARGO CAMINO A LA JUSTICIA

Paloma era estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez, desapareció el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta el 29 de marzo del mismo año en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama, a unos 800 metros de la carretera. A partir del hallazgo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos.

Mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización, afirmó Justicia para Nuestras Hijas, organización fundada por la madre de Paloma.

Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2003, los peticionarios denunciaron ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado mexicano por irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma

Alegaron que la falta de investigación en el caso formaba parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez.

Denunciaron el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma, por lo que lo responsabilizaron de su muerte.

Ante tales cuestionamientos el Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el caso y afirmó que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada”.

La CIDH aceptó el caso el 14 de diciembre de 2006 y el 2 de agosto de 2010, aprobó un informe de fondo y efectuó sus recomendaciones al Estado mexicano de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De no cumplir el acuerdo signado el 3 de agosto de 2011, el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos convirtiéndose en el segundo que llega al máximo tribunal de justicia de la región por el tema de feminicidio.

11/GTR/LGL

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