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Fiscalía para Caso Juárez, resultado de presión social

Por Román González

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, es resultado de la presión y lucha de familiares de las víctimas, así como de organismos de mujeres y de derechos humanos nacionales e internacionales.

Luego de más de 10 años de impunidad, negligencia, omisión y menosprecio, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que esa instancia, cuya responsables es María López Urbina, ex delegada en Coahuila, resolverá los cerca de 400 asesinatos y más de cuatro mil desapariciones de mujeres en esa entidad.

Los recursos para la nueva fiscalía especial ascenderían a más de 72 millones de pesos, cifra que aprobó la Cámara de Diputados en diciembre pasado con el fin de que la PGR “fortaleciera” sus acciones para esclarecer los asesinatos de mujeres en esa ciudad fronteriza.

Como se sabe, los crímenes de mujeres han tenido repercusiones nacionales e internacionales, mientras que las organizaciones sociales y políticas y parlamentos han exigido al gobierno mexicano su intervención para detener esta masacre y castigo a los culpables.

Los asesinatos y las desapariciones han sido un escándalo desde la gestión de Francisco Barrio Terrazas como gobernador de la entidad, de 1992 a 1998, quien ahora es líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

Junto con sus colaboradores, Barrios Terrazas se obstinó en cuestionar la moral de las mujeres asesinadas, bajo el argumento de que “salían a bailar con muchos hombres”, y en el caso del asesinato de una menor de 10 años manifestó en su momento que su dentadura con caries denotaba “desintegración y descuido familiar”.

Ante la dilación de justicia, la negligencia, la omisión culposa y el menosprecio sexista del gobierno panista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 44/98, donde criticó la discriminación hacia las mujeres.

Antes, con base en 36 muertes registradas entre junio de 1996 y diciembre de 1997, la CNDH criticó la investigación insuficiente, así como el discurso de las y los funcionarios estatales.

Asimismo, en noviembre del año pasado, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, afirmó que falta voluntad política en el gobierno federal para resolver los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.

En la legislatura pasada se creó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que seguía las investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Actualmente, esa instancia debe ser ratificada por la actual legislatura para que siga en funciones.

Asimismo, en el Senado de la República existe la Comisión de Seguimiento al Caso Juárez.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) enviaron expedientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, así como la presunta responsabilidad de autoridades e irregularidades en los procesos judiciales.

De ahí que el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo recomendaciones para que se investigue y se haga justicia, y pidió medidas cautelares para los familiares y activistas.

Asimismo, Amnistía Internacional (AI) solicitó que se investigue a funcionarios públicos de nuestro país por omisión culposa y hostigamiento a defensores y a familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

Recomendó al gobierno mexicano cumpla con la recomendación 44/98 del ombusman nacional en la cual se piden mejores condiciones para las mujeres de esa entidad fronteriza.

Aunado a ello, los familiares de las víctimas no han dejado de luchar. A lo largo de 10 años, se han agrupadas en organismo como Justicia para Nuestras Hijas, Mujeres de Negro y Nuestras Hijas de Regreso a Casa, entre otras, en busca de la verdad.

A más de 10 años de que se conocieron los asesinatos de mujeres en Chihuahua, los gobiernos panistas y priistas locales mantienen una actitud discriminatoria que no permite esclarecerlos.

Con la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez se abre la posibilidad de resolver los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Chihuahua.

El ombudsman nacional entregará hoy por la tarde los expedientes de las investigaciones a María López Urbina, con lo que la fiscal tendrá que realizar un informe acerca de los homicidios de mujeres de esa entidad.

04/RGL/GBG

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