La violencia intrafamiliar afecta a un número importante de personas en Jalisco, donde 36 mil 270 casos fueron reportados en el año 2002, más del doble que los registrados en 1995, aseguró hoy la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, Ana Luisa Martínez Velasco.
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó al pleno del Congreso local, la iniciativa: Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, que señala la practica de «los celos como medio de control, manipulación o dominio de la persona, generando un daño», como violencia intrafamiliar.
Entrevistada, vía telefónica, dio a conocer que desde 1999, la Comisión Estatal de Derechos Humanos fortaleció el Programa de Atención a Casos de Violencia Intrafamiliar, con ello un número importante de personas se acercaron a la comisión solicitando asesoría legal.
La también integrante de la junta de gobierno del Instituto Jalisciense de las Mujeres, señaló que los principales agresores en el hogar fueron el cónyuge con un 70.2 por ciento, las madres y padres en un 12 por ciento.
Recordó que investigadores han reportado que en la entidad el 57 por ciento de la población femenina en la zona urbana y el 44 por ciento en las rurales, ha experimentado algún tipo de violencia.
Martínez Velasco señaló que a nivel nacional, la entidad presenta un serio rezago legislativo en materia de violencia intrafamiliar.
Citó al respecto un análisis realizado por el Programa de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara (2002), que establece la falta de información homogénea entre las instituciones a las que corresponde brindar los servicios de atención en violencia intrafamiliar.
Indicó que la población carece de orientación para levantar una denuncia por violencia, problemática que pretende atender esta ley.
Sólo 18 de las 32 entidades del país cuentan con una legislación propia en violencia intrafamiliar, entre ellas, además del Distrito Federal, los estados de Baja California, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala.
En esas entidades, las leyes establecen sanciones para los agresores y tipifica a la violencia como causal de divorcio, así como de la pérdida de patria potestad y custodia de las y los hijos.
2003/RGL/MEL
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