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Foco rojo en las políticas de género

Por Sara Lovera

Frente a los graves problemas del país, la falta de oficio, de compromiso, y el carácter misógino de los gobiernos, federal y local, México se encuentra en un desfiladero. La pobreza extrema, que se trata con tanto cinismo; la constatación cada vez más clara de los niveles de violencia contra las mujeres que se incuban en la sociedad y que el Estado tolera y encubre -datos científicos de investigadoras serias- nos tienen que llamar la atención.

La semana que terminó se realizó el importantísimo Encuentro Internacional de las Experiencias Públicas, en lo que llamaron las organizadoras “Atención integral a las mujeres”. En este encuentro se presentaron estudios e investigaciones que ratifican la sospecha de que vivimos en un espacio de simulación con respecto a las necesarias políticas de Estado para enfrentar la discriminación y la exclusión de más de la mitad de la población.

De estas presentaciones, relatadas puntualmente por Cimacnoticias, me llamó la atención poderosamente un dato fundamental: es verdad que se han creado instituciones llamadas, por el lenguaje de Naciones Unidas, mecanismos de la mujer; tantos, que existen 620 en el nivel municipal. De ellos, según afirmó la investigadora Dalia Barrera, sólo funcionan, para el objeto que fueron creados, 17.

Son pocos, si consideramos que hay en México 2 mil 346 municipios, porque esos 620 mecanismos sólo representan poco más de la tercera parte de los municipios del país; y si vemos que sólo 17 funcionan, hablamos en realidad que nada más sirve menos del uno por ciento.

¿Y eso qué quiere decir? Que es demagógica la acción del Estado; porque, según la investigadora, estos organismos carecen de recursos, de personal capacitado, y confunden preocupantemente sus objetivos y sus tareas. Muchos son asistenciales y no responden a la urgencia de contribuir al cambio cultural en la vida de las mujeres. Las palabras, que son vehículo de los pensamientos, de las creencias y de las intenciones, son claras.

El encuentro fue de “atención integral”; esto significa que en el fondo a las mujeres se les considera vulnerables; se cree que necesitan atención y no desarrollo, progreso, libertad y dignidad. Una puede sospechar lo que son los programas que se ponen en marcha, ya de por sí minusvaluados y sin interés gubernamental, los cuales además repiten los viejos esquemas que en México desarrollaron la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el Seguro Social hace 60 años.

Las casas de la asegurada y el rubro asistencial de la SSA eran “apoyos para las mujeres” con clases de costura, tejido y confección. Hoy, muchas de estas instituciones sin programa de género y sin visión, sin poner a las mujeres en el centro de la política gubernamental, acaban siendo agencias de asistencia.

El diagnóstico que resulta de este encuentro va más allá. Las mujeres, en el nivel municipal, carecen de representatividad política; sólo 3.2 por ciento de las alcaldías las preside una mujer. Crece y se expande la marginalidad de las poblaciones de mujeres en las comunidades.

Si una pudiera tener el dato exacto, podría evaluar cómo se trata a las mujeres claramente en cada municipio. No sé cuánto dinero se invierte en las famosas fiestas de XV años que ponen a las mujeres-niñas en el exhibidor sexual como usables y desechables. No tengo idea de cómo se continúa educando a las niñas de este país y no sé qué elementos se les da a las mujeres adultas para recobrar su estatus de persona.

Me pregunto qué quieren decir “atención integral”, “asistencia”, “consejo”, o algunos recursos para pequeños proyectos productivos donde se reproduce la ocupación tradicional de las mujeres. Tal vez son inversiones para madres solteras o casas de acogida para mujeres maltratadas sin visión de género feminista.

Me gustaría conocer el perfil de las personas responsables de estas instituciones. Algunas es posible que sean bienintencionadas, pero sin capacidad para proponer programas de género; otras tal vez usan el puesto para avanzar en la escalera política, y quizá otras llegaron ahí por casualidad y, por lo tanto, no cuentan con las herramientas para reclamar una política distinta, ni con presupuesto, ni con herramientas para vigilar la injusticia y enfrentar la misoginia.

Lo cierto es que en este estudio de Dalia Barrera -el que presentó en cifras de participación Alejandra Massolo- la falta de voluntad política en materia de presupuesto; la visión de lo que este régimen federal, estatal y municipal considera acerca de los derechos humanos, civiles y políticos de las mujeres, nos habla de grandes vacíos y de una profunda indiferencia.

Creo que para estos tiempos de plataformas electorales y selección de candidaturas al Congreso de la Unión éste es un tema central que podría ser empujado por el movimiento feminista de las mujeres en México. No conformarse con pequeños cambios y migajas que, como vemos, no sirven, sino exigir una política de Estado con una orientación que garantice el avance de las mujere; que elimine la violencia contra ellas; que impida que una sola mujer, por el sólo mero de serlo, viva insegura y sea asesinada impunemente.

Urge una política de justicia. Denunciar, proponer, construir con otra mirada. El estudio diagnóstico de Dalia, de Alejandra y de otras está revelando el límite de la simulación. No podemos, tampoco, continuar con acuerdos de élite política, ni con acciones que quieren tapar el sol con un dedo.

Por eso urgen mujeres comprometidas con las propias mujeres -con ellas mismas y con las otras- en los puestos de dirección de este país; directrices feministas y no asistencialistas para las mujeres y, por supuesto, voluntad política de los que todavía mandan.

*Periodista y feminista mexicana.

05/SL/YT

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