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Fondo Mundial recorta recursos a México para abatir VIH

Por Adriana Franco Rosales

Pese a que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA otorgó 26 millones de dólares (mdd) a nuestro país para fortalecer la prevención de VIH, la estrategia se enfocó en el diagnóstico y tratamiento de tres grupos poblacionales, hombres que tienen sexo con hombres, hombres “trabajadores sexuales”, y usuarios de drogas inyectables.
 
Durante la Reunión Regional de Receptores Principales en VIH de la Sociedad Civil en América Latina y el Caribe, que comenzó hoy en esta capital y concluye el viernes, se informó hoy en rueda de prensa que el Fondo Mundial canceló la segunda fase del proyecto de prevención en México, a pesar de que logró la calificación más alta en la evaluación, debido a cambios en el financiamiento.
 
El monto original que destinaría el Fondo Mundial al proyecto de prevención, a través del Mecanismo Coordinador de País (MCP) –entidad integrada por gobierno, sociedad civil y academia, que nombró como receptor de los recursos a la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud)–, era de 67 millones de dólares para un periodo de cinco años.
 
El proyecto concluiría en 2015, justo al término del plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dado que una de las metas es reducir la prevalencia de VIH/Sida a 0.6 por ciento, cifra que en México es del 0.24 por ciento, es decir que en nuestro país ya se logró el objetivo.
 
El Fondo Mundial decidió cancelar la segunda fase debido a que nuestro país es integrante del G-20 (el grupo de las 20 naciones más industrializadas del mundo), lo que indica que tiene un ingreso medio y por tanto el gobierno debe asumir esta responsabilidad presupuestal.
 
Para 2013 se otorgaron 12 mdd como periodo de transición, por el cambio de administración federal, por lo que el Fondo Mundial espera que el gobierno mexicano cumpla con el compromiso de institucionalizar este proyecto en el Programa de Acción Específica 2013-2018.
 
Ante este recorte del apoyo financiero que beneficiaba a 44 ciudades del país, ahora los recursos se distribuirán sólo en 24 urbes, por lo que el resto deben ser atendidas con recursos federales y para 2014 el gobierno deberá presupuestar la totalidad del proyecto.
 
La directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), Patricia Uribe Zuñiga, informó que para hacer frente a la responsabilidad de atender las 20 ciudades que ya no recibieron recursos este año, el gobierno federal destinó 44.5 millones de pesos (mdp) para proyectos preventivos, y 40 mdp para la adquisición de insumos, como condones, jeringas y gel lubricante.
 
Al cuestionar sobre la atención que se ha dado en la prevención del VIH a mujeres y adolescentes, la titular del Censida refirió que se ha trabajado en la eliminación de la transmisión perinatal del virus, que actualmente asciende a 108 casos en México, para evitar que el producto sea contagiado mediante el diagnóstico oportuno y el tratamiento antirretroviral.
 
Asimismo, señaló que se busca atender a la población migrante en tránsito para realizar las pruebas de VIH, así como privilegiar a las y los adolescentes menores de 19 años, quienes representan el 30 por ciento de las personas con el virus. 
 
Sin embargo, Patricia Uribe reconoció que uno de los principales retos del sector salud es mejorar la calidad de los servicios, ya que en muchos casos se estigmatiza a quienes acuden a realizarse la prueba, principalmente a los tres grupos poblacionales en los que se concentra la estrategia, lo que incide en que no regresen a las instituciones por sus resultados.
 
Rodrigo Pascal, asesor en Derechos Humanos (DH) y Género en ONUSIDA, sostuvo que 70 por ciento de la población mundial con VIH ignora que es portador del virus, por lo que insistió en que los gobiernos inviertan en estrategias de prevención. 
 
Mirjam Mush, asesora de VIH de la Fundación HIVOS, refirió que esta problemática de salud debe abordarse con una perspectiva de DH, enfocada en el derecho a la información, la prevención y el tratamiento, además de puntualizar que el gobierno debe trabajar en coordinación con las organizaciones civiles, tanto en la atención de grupos vulnerables como en la rendición de cuentas.
 
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