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Formación obligatoria en género de todos los operadores de justicia

Por Gloria López
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Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, apuesta por la educación transformativa, una herramienta de “ida y vuelta”, en el sentido de que produce cambios en quien imparte y en quien recibe la formación.
 
Esa es la experiencia que la asociación está teniendo en Lanzarote y por la que ha sido invitada a participar en una conferencia internacional que tendrá lugar en Bruselas el 12 de junio, centrada en la utilización de los Convenios Colectivos para erradicar la violencia contra las mujeres en el trabajo y en el hogar.
 
“La clave para acabar con los estereotipos y prejuicios machistas que contaminan la justicia y toda la sociedad es la formación obligatoria de todos los operadores que intervienen en la lucha contra la violencia de género y desde luego, de las generaciones más jóvenes”.
 
Si bien convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado español y la propia Ley Integral de violencia de género contemplan la formación obligatoria de todas las personas que intervienen en un proceso de violencia de género, en nuestro país esto no se lleva a cabo correctamente.
 
Esta carencia, tiene importantes consecuencias. El porcentaje de mujeres que denunciaron y que a pesar de ello no fueron protegidas adecuadamente y acabaron siendo asesinadas a manos de sus parejas o exparejas roza la mitad de los asesinatos por violencia machista en España. En lo que llevamos de año, 37 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. De ellas, solo 18 se reconocen oficialmente en el marco de la ley. De las 18, la mitad había denunciado.
 
“Se producen errores y descoordinación entre los distintos estamentos que intervienen en el proceso” -asegura la jueza- algo que atribuye a la “ausencia de coordinación en la formación”, lo que implicaría una dotación económica. “Lo cómodo y fácil es sostener una formación superficial y una visión fragmentada de los agentes que forman parte del proceso”.
 
Poyatos asegura que “no hay voluntad política” y un claro ejemplo es la poca partida presupuestaria destinada a la prevención y lucha contra la violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado.
 
La actuación de juezas y jueces sigue siendo cuestionada. Sus errores pueden tener consecuencias gravísimas en la vida de las mujeres. Pero “no solo es una cuestión de jueces y juezas”, asegura Poyatos, “son muchos los operadores que comparten responsabilidad”.
 
“Si la acción de un juez es arbitraria e injusta se pueden ejercer acciones contra el juez que hace mal su trabajo, quejas, recursos por vía legal que pueden llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero también es importante reclamar responsabilidad estatal en la protección de las víctimas”, explica Gloria.
 
La presidenta de la Asociación de Mujeres juezas de España, insiste en que la formación tiene que ser transversal y no por categorías, porque “este es un mal que se persigue entre todos y todas”. “Hay que educar en igualdad si queremos un mundo libre de violencia”, concluyen.
 
17/GL/LGL

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