La profesora Silvia Juárez Martínez, está plenamente convencida que el gobernador Ulises Ruiz, es el culpable de que el 25 de noviembre del 2006, cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentó por última vez con la Policía Federal Preventiva, ella fuera detenida de manera arbitraria junto con otras 69 mujeres, para después ser trasladadas al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.
Al anunciar aquí la constitución del Frente Estatal de Víctimas de la Represión (FEVIR), «Por la Verdad y la Justicia», la profesora Silvia expresó que esta necesidad de justicia es lo que une en este frente a los agraviados y familiares de personas que durante el conflicto político del 2006 fueron encarceladas, torturadas, asesinadas o desaparecidas.
A diferencia de sus otras compañeras en las que el miedo es una de las principales secuelas psicológicas que las acompañan desde que las detuvieron «con golpes, insultos, intimidaciones físicas y amenazas de que las enterrarían vivas o dar como comida a los perros», la profesora Silvia siente coraje de no encontrar justicia por su permanencia en un penal de alta seguridad durante 21 días.
«Ulises es culpable y yo siento mucho coraje. Quiero verlo encarcelado, que sienta lo que otros sentimos, no sólo él sino todos los que estuvieron involucrados en el conflicto del 2006».
El 1 de diciembre próximo, una vez que pierda el fuero, Ulises Ruiz tiene que ser detenido y puesto a disposición de un juez de distrito para responder por todos los delitos que cometió», expresó hoy Isaac Torres Carmona, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca, durante el anuncio de la integración del FEVIR.
En contra del gobernador Ulises Ruiz «hay denuncias penales, un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en casos específicos de detenciones forzadas, juicios civiles por reparaciones de daño y pruebas suficientes para detenerlo».
Aunque reprobó el «montaje» de juicio político que la 60 Legislatura hizo a Ulises Ruiz para confundir a la ciudadanía de que no es culpable de las violaciones a Derechos Humanos (DH) que se registraron durante el conflicto del 2006, falta que sea juzgado por su responsabilidad administrativa, penal y civil.
Una de las primeras acciones del nuevo frente será instalar una mesa de denuncia en el zócalo el próximo sábado 21 de agosto, además de que por la tarde se realizará una marcha del Paseo Juárez El Llano, al zócalo oaxaqueño para recordar el secuestro de ocho horas que sufrió la joven Teresita de Jesús González, como represalia por la lucha social de su padre, el profesor Eliel González Luna.
«Mi hija fue levantada por paramilitares al servicio del Gobierno del Estado en el crucero de la Volkswagen, la subieron a un jetta gris, le enseñaron mis credenciales que me recogieron cuando me detuvieron el 16 de julio del 2007 (cuando el magisterio intentó llegar al Cerro del Fortín) y le dijeron que era por mi participación», dijo el también integrante de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos de la Sección 22 del SNTE.
En los últimos cuatro años se han documentado al menos 150 casos de tortura, detención forzada, asesinatos y violaciones al libre proceso. Porfirio Domínguez Muñoz Cano, presidente del Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca, dijo que si bien las cuatro personas desaparecidas y los 26 asesinados fueron hombres, casi un 70 por ciento de detenciones arbitrarias afectaron a mujeres.
De los 142 detenidos, el 25 de noviembre de hace cuatro años, para trasladarlos al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, «70 fueron mujeres a las que se violentaron todas sus garantías individuales, las desvistieron, les cortaron el cabello, son las que vivieron más graves violaciones».
Para la profesora Silvia, el trato que recibió por ser detenida sin haber participado en el enfrentamiento con la PFP fue «inhumano» y sólo se compensaría si el gobernador Ulises Ruiz es encarcelado.
10/NAD/LR/LGL
