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Fracasa Arranque Parejo en disminución de muertes maternas

Por Rafael Maya

En México, donde a diario mueren hasta cinco mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, la Secretaría de Salud (SS) a través del programa Arranque Parejo en la Vida (APV), destinará en 2004, tan sólo 20 pesos para atender a cada una de las más de 15 millones de mexicanas en edad fértil que carecen de servicios de salud.

Con esa cantidad el gobierno federal pretende disminuir la elevada tasa de mortalidad materna de 12.59 decesos por cada 10 mil nacidos vivos que ocurren en el Distrito Federal y Estado de México, entidades en las que a pesar de su infraestructura sanitaria, las mujeres mueren en las salas de parto por causas totalmente prevenibles como hemorragias o problemas de hipertensión.

El DF y el Estado de México presentan tasas de mortalidad de 5.58 y 7.01, respectivamente, según cifras del sector salud de 2002 y del Consejo Nacional de Población (Conapo). Al sumar ambas tasas, esos estados ocupan el primer lugar de mortalidad materna a nivel nacional superando así a Oaxaca, entidad con una tasa de 10.31.

APV, ESTRATEGIA “PRIORITARIA”

Actualmente en operación en 17 estados del país (principalmente del centro y sur-sureste de México), el programa Arranque Parejo -estrategia “prioritaria” del presidente Vicente Fox iniciada en 2001 que intenta reducir la tasa mortalidad materna-, contará en 2004 con recursos por 350 millones de pesos, de acuerdo con un desglose de la Cámara de Diputados para cumplir con su meta de operar en todo el país.

El APV tiene como meta reducir la tasa de mortalidad materna a 5.1 por cada 10 mil nacidos vivos, y a mil 90 el número de decesos para el 2006, objetivo que a decir de investigadoras y organismos civiles, difícilmente se conseguirá en tanto persistan la insuficiencia de recursos, falta de infraestructura y de personal debidamente capacitado en el sector salud.

Los datos más recientes de la SS -con el mejoramiento del subregistro de muertes maternas a partir del 2000-, establecen por cada 10 mil nacidos vivos en el 2002, fallecieron 6.3 mujeres, esto es, mil 291 muertes maternas ocurridas durante ese año.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, informa que la tasa de mortalidad materna estimada para el 2003 es de 6.2, “la misma de 1990”. Sin embargo, “desde el año 2000 hay una tendencia a la baja, se entiende que ésta puede variar y nuevamente subir en cuanto vayan mejorando los mecanismos de registro” de muertes, explica la agrupación.

Se estima que en México existe un subregistro de mortalidad materna de hasta 40 por ciento, debido a que los decesos ocurren en su mayoría en zonas marginadas e indígenas, en donde por su escasa infraestructura y aislamiento se dificulta el reporte de defunciones.

La directora general adjunta de atención a la Salud Materna y Perinatal de la SS y responsable del Programa Arranque Pareio, Lourdes Quintanilla, explica que a partir de haber “mejorado” el registro de muertes maternas desde el año 2000, la SS estableció la tasa de mortalidad durante 2002 en 6.3 por cada 10 mil nacidos vivos, lo que representó una “disminución” de 14.6 por ciento con respecto a la tasa corregida del año 2000 que fue de 7.4 muertes.

La directora de Salud Integral para la Mujer (SIPAM) e integrante del Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgos, Pilar Muriedas, manifiesta su incredulidad ante los cálculos de la Secretaría de Salud, y anuncia que se prepara una evaluación externa a la secretaría para analizar las bases en las que se fundamenta la supuesta reducción de 14 por ciento en la muerte materna.

DINEROS PRIVADOS, DESDEN PUBLICO

La propia Secretaría de Salud informa que el programa se ha servido de las gestiones de la Fundación Vamos México -institución encabezada por la esposa del presidente Fox, Marta Sahagún, y acusada de usar recursos públicos con fines privados-, para que Telmex entregue 987 equipos médicos en nueve estados, entre incubadoras, equipos de ultrasonido y toco cardiógrafos.

Fundar documenta que en el periodo 2001-2002, el aporte privado gestionado para equipo fue de 217 millones 297 mil 630 pesos, lo que representó 156 veces el gasto público de capital asignado al APV, el cual durante el mismo periodo ascendió a tan sólo un millón 166 mil pesos.

Lourdes Quintanilla precisa que en 2004 los recursos del APV están incluidos en el monto total del Seguro Popular (SP), -el sistema de pago ideado por el secretario de Salud, Julio Frenk, para brindar atención sanitaria a la población no asegurada-, el cual asciende a dos mil 500 millones de pesos.

Daniela Díaz, investigadora de Fundar, pone en tela de juicio la posibilidad de que este año se amplíe la cobertura del APV a todo el país a través del seguro popular. Asegura que los tiempos de entrega de los recursos para la salud por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “no responden a las necesidades para atender la mortalidad materna” en zonas pobres y de alta marginalidad, ya que el presupuesto se otorga hasta mediados de año o durante el segundo semestre.

DF: ZONA DE RIESGO MATERNO

Según cifras de 2002 del gobierno capitalino, de las 65 muertes maternas registradas en el DF, 31 ocurrieron en unidades del sector salud: 16 en la SS, 12 en el IMSS y tres en el ISSSTE. La médica e investigadora Mercedes Ballesté apunta que en los hospitales de la Secretaría de Salud en esta ciudad aumentó el porcentaje de fallecimientos de 40 por ciento, en el 2000, a 52 por ciento, en el 2002.

De los hospitales de la SS en el DF, en el Hospital de la Mujer -cuya especialidad es la atención en ginecobstetricia-, murieron en 2002, cinco mujeres al igual que en el Hospital Gea González.

En el Instituto Nacional de Perinatología que cuenta con instalaciones únicas en México para atender embarazos de alto riesgo, fallecieron dos mujeres, mismo número que en el Hospital Homeopático. Una mujer murió en el Hospital General y otra en el Instituto de Neurología.

Sumada a esas cifras mortales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó el pasado 4 de abril que emitió una recomendación al director general del Hospital General, Francisco Higuera, por el caso de Virginia Santiago, quien falleció por una hemorragia postparto, que personal médico del nosocomio pretendió detener con unos puntos de sutura.

El fallecimiento de Virginia ocurrió el 22 de junio de 2003. En su recomendación 11/2004 la CNDH, determinó que “la tardanza en la atención proporcionada a la paciente en el área de ginecobstetricia, y la imprecisión en el diagnóstico inicial fueron las causas del deceso de la agraviada”. La comisión recomendó a Francisco Higuera ordenar y realizar a los familiares de Virginia el pago de la indemnización que proceda.

El pasado 18 de abril el director del hospital rechazó la recomendación por considerar que ese asunto sólo compete a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico -postura que avaló la SS-, y que debe ser la autoridad judicial la que determine la responsabilidad de los médicos que participaron en los hechos. Hasta hace unos días, la Conamed no tenía conocimiento del caso.

2004/RM/GV

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