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Frente de familiares de migrantes impulsará reforma

La activista Elvira Arellano, migrante deportada de Estados Unidos el pasado 18 de agosto, luego de 10 años de trabajar en aquel país, informó sobre la construcción de un frente de organizaciones de familias que tienen parientes en EU para presionar en pro de una reforma migratoria.

Recordó también, durante un acto de solidaridad que le organizó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal la semana pasada, que el congresista Luis Gutiérrez introducirá en breve una nueva propuesta de ley al respecto y «nuestro gobierno, está esperando que se someta una nueva propuesta para hacer algo».

En tanto, el New York Times retoma hoy el tema migratorio en su editorial Ain?t That America: El país necesita tener una política migratoria que corresponda a las realidades económicas y esté basada en una esencia buena y justa, imparcial.

«Pero no es así. Tiene una inercia federal y un creciente rumbo migratorio con una atmósfera nacional de frustración y ansiedad que se esparce, como en el pasado, con odio y miedo», dice el rotativo.

PRESIONAR EN AMBOS LADOS

Sin embargo, para Arellano, ex migrante convertida en activista luego de su deportación, lo importante es no dejar de presionar en ambos lados de la frontera. Y espera que los avances en el Congreso de Estados Unidos favorezcan u obliguen a una respuesta en el gobierno mexicano.

Esperamos que cuando eso suceda el gobierno «tome una posición de cabildeo a favor de una legalización de la migración», abundó Arellano.

Algunas de las medidas de presión son el diálogo entre líderes políticos de nuestro país, principalmente con las y los senadores y diputados para sacar a la luz el tema migratorio, y buscar que el tema sea considerado por Felipe Calderón.

«Queremos decirles cuál es la posición que debe tomar de manera general el Gobierno federal para que se respete en Estados Unidos a nuestra gente y a la gente que llega a la frontera sur», explicó la activista.

Es de gran importancia mostrar lo que están viviendo millones de familias sin documentos en los Estados Unidos y la situación que viven al regresar a México sin trabajo, sin hogar y sin poder ofrecer una oportunidad de vida a sus hijas e hijos, dijo Arellano, «porque la economía en nuestro país no nos ayuda para sacar adelante a nuestras familias».

Si las y los mexicanos no tienen oportunidad de tener una mejor vida en este país, es un derecho humano buscar una mejor oportunidad en otro lugar y «no somos terroristas ni criminales», agregó.

MOMENTOS VERGONZANTES

El NYT considera el trato denigrante hacia las y los migrantes como uno de los momentos vergonzantes en la historia de América, donde muchas personas han estado involucradas de manera individual o grupal en abusos, como ciudadanas o como asunto de la política oficial gubernamental.

Lo que el país necesita es una política migratoria que corresponda a las realidades económicas y esté basada en una esencia buena y justa, imparcial.

La hostilidad para inmigrantes indocumentados cae desproporcionadamente en la población entera, documentada o no que habla español y es una clase trabajadora y pobre. Por un país cegado para dar soluciones, esto nos esta perjudicando a todos, subraya el NYT.

La evidencia puede verse en cualquier estado o ciudad que, con base en dudosas leyes constitucionales, niega a las y los inmigrantes indocumentados lo básico para vivir, como casa o el derecho de reunirse para buscar trabajo.

Esto es evidente en hot-lines de ciudadanos, en programas de la radio y blogs, en las campanas donde los candidatos son presionados para repudiar posiciones moderadas o a favor de la migración.

Se puede escuchar casi diariamente por la noche en CNN, en el golpeteo de Lou Dobbs, para quien la migración es una causa obsesiva, refiere el diario.

Sin embargo, existen otros enfoques, como el del gobernador Eliot Spitzer, en Nueva York, que ha propuesto permitir a las y los inmigrantes indocumentados contar con licencias de manejo, lo cual es buena idea, dice el NYT.

Programas tras programas, el Dobbs contraataca a Spitzer, llamándolo con epitafios pueriles como «malcriado, mimado niño rico», y describiendo su política como un programa santuario de ?hackers? del 9/11.

Algún día podría haber un debate calmado en Albany y nacionalmente acerca de las licencias de manejo para inmigrantes, pero con el señor Dobbs al micrófono por el momento es solo histrionismo y atrocidad.

La pregunta, insiste el NYT es, qué hacer con 12 millones de personas que están aquí: ¿Deportarlos a todos? ¿Saber quienes son? ¿Distinguir entre criminales y gente que quiere trabajar?

¿Traerlos a los libros. Hacerlos pagar lo que deben­ no sólo en sus ingresos, seguro social, ventas e impuestos de propiedad que ya pagaron, pero todos sus impuestos, y una multa?

¿Otorgarles una suave salida legal y concentrarnos en atrapar y deportar a la gente mala?

¿Atrapar a los pocos que se pueda y hostigar y arrestar, para atemorizar al resto? ¿Tratar al grupo completo como criminales y afectar o desechar a quines propongan algo, o a cualquier plan que parezca como instigador de maldades?

Olvidemos la deportación total, dice el diario, y tenemos intentos que no han funcionado, como la vía del Congreso. Estamos ahora ante una política que no trabaja, de muy pequeño calibre, muy insignificante, reducida.

Eso solo puede dirigir a enconar el odio, remarca el NYT, porque ahí está esa presión nativa, como combustible que necesita sólo un puñado de seguidores para prender fuego.

Los nuevos demagogos están unidos en su afán de seguir a la población indocumentada. Ellos no distinguen entre criminales y entre el más largo grupo de luchadores. Son campeones de equivocadas políticas, como la mítica y hermética barda de seguridad de la frontera y la campaña imprudente, sobre la «invasión» de América.

Convocan a lo más terrible del pasado estadounidense, tratando a la vulnerable gente que se esconde como enemiga que debe de ser odiada y derrotada, vencida, y no como parte de un problema que debe ser resuelto, dice hoy el NYT.

DERECHOS HUMANOS

Así fue considerada Elvira Arellano en Estados Unidos, como criminal, aseguró por su parte Ricardo Ruiz Suárez, presidente del PRD en el DF, mientras el gobierno de México hace caso omiso de ello y no ha luchado para defender los derechos de las y los mexicanos que radican del otro lado de la frontera.

«La calidad migratoria de una persona no justifica la violación de sus derechos humanos», dijo Ruiz Suárez.

Y en el mismo acto de reconocimiento a Arellano, la doctora Martha Sánchez, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), recordó que las leyes de 1996, resultado de los planteamientos de la derecha de tipificar como criminales a las y los migrantes, han eliminado las libertades constitucionales de éstos, hecho que se agravó con los ataques del 9/11 y en donde el Acta Patriótica estableció las condiciones para detener a aquellas personas que no fueran ciudadanas.

Esta acta proporcionó al Fiscal General amplios poderes para eliminar las libertades civiles constitucionales de quienes fueran sospechosas o sospechosos de terrorismo, sin apegarse al debido proceso judicial.

Asimismo, la población migrante se enfrenta al constante acoso del Departamento de Justicia que durante la administración de George Bush se ha enfocado a perseguir actividades relacionadas con el terrorismo y la migración, abundó la coordinadora del MMM.

Sánchez indicó que actualmente en la Unión Americana existe una tendencia de comparar la migración con actividades de delincuencia organizada y terrorismo lo que ha puesto la vida de las y los migrantes en peligro, así como sus derechos humanos y sus garantías individuales.

Es así como las familias son las que «están padeciendo los estragos de la detención, la deportación y los abusos».

Esta política de la criminalización se ha traducido en los siguientes datos proporcionados por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas: cada mes se llevan a cabo 22 mil deportaciones, es decir 733 diarias, un promedio de 30 por hora, es decir, una deportación cada 2 minutos.

Y ya advirtió que tiene en su lista a 640 mil migrantes sin documentos con orden de deportación.

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