El problema de la inseguridad -generada por la criminalidad y la violencia- provocó que los gobiernos recurrieran al uso de las fuerzas armadas para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho, lo que constituye un peligro para la vigencia de los derechos humanos, enfatizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La instancia reitera en su «Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos», publicado este lunes y que se realizó a través del estudio de peticiones, casos y medidas cautelares que la CIDH ha atendido, que «las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, por ello corresponde a la fuerza policial civil combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno».
En entrevista con Cimacnoticias, Edgar Cortéz Morales, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, opinó que es un estudio pertinente para México porque se suma a las voces que afirman que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana agrava las violaciones a los derechos humanos.
Afirmó que aunque este documento, de 116 hojas, tiene una visión regional, aborda de forma amplia la relación entre el problema de la seguridad y los derechos humanos, una problemática que en el país esta vigente.
De acuerdo con Cortez Morales, la delincuencia no es una problemática exclusiva de México pues muchos países de la región siguen la tendencia de combatir la inseguridad a través de «estrategias novedosas» como el uso de la fuerza, una táctica que no está dando buenos resultados, de ahí la necesidad de revisar y replantear esa perspectiva.
A pesar de esta situación, en la mayoría de los países de la región, el Poder Judicial, el ministerio público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario, no han desarrollado las capacidades necesarias para responder de forma eficaz la demanda de seguridad, revela el documento.
NO MEZCLAR CONCEPTOS
Si bien es cierto que el reciente informe de la CIDH, aclara que manejar indistintamente conceptos diferentes, como los de seguridad pública, seguridad humana, o seguridad democrática, genera un marco impreciso desde el punto de vista técnico para definir los estándares de derechos humanos comprometidos, en nuestro país, se han mezclado desde hace varios años.
Para Cortez Morales el no diferenciarlos implica varios riesgos: «es una mezcla que no distingue varias realidades y donde una estrategia de seguridad nacional puede usar instituciones como las fuerzas armadas -concebidas para una eventual confrontación con un enemigo- para actividades que no son las propias.
Por ello el especialista concluye que la seguridad siempre ha sido una de las funciones principales de los Estados, sin embargo tal y como lo propone el informe, hoy en día es necesario replantear las estrategias para «no limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas».
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