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Fuerzas federales inhibieron voto femenino en Guerrero

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La presencia de militares y policías federales en las cercanías de los órganos electorales y casillas de votación en el estado de Guerrero inhibió la participación de las mujeres en la jornada electoral de este 7 de junio en la que se eligieron gobernador, diputados federales y locales, así como autoridades municipales.
 
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Guerrero (PREP-Guerrero), 46 por ciento de las y los habitantes en la entidad se abstuvieron de votar durante estos comicios, y al menos 49 mil 929 personas –sin precisar sexo– anularon su voto para elegir gobernador.
 
A decir de Guadalupe Francisco Cabañas, coordinadora de medios del Observatorio de Paridad y Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses, en Chilpancingo (capital del estado) durante todo el día hubo baja presencia de votantes, quienes empezaron a llegar poco antes del cierre de las casillas a las 18:00 horas.
 
De acuerdo con Cabañas –que entrevistó a algunas habitantes antes y después de emitir el sufragio–, las mujeres dudaron en ejercer su voto por el temor a salir a las calles ante la presencia de militares y policías antimotines, y por el enfrentamiento que se desató horas antes en el municipio de Tixtla, entre familiares de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada y un grupo de golpeadores.
 
Y es que organismos civiles y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que la presencia de la gendarmería en Guerrero se había intensificado desde el inicio de la semana a fin de evitar un boicot electoral.
 
Diversos operativos policiales cercaron las principales carreteras de la entidad, impidiendo el paso de las familias y estudiantes y revisando a cada habitante guerrerense que pretendía llegar a las principales cabeceras municipales.
 
Además, horas antes de que iniciara la jornada electoral, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que habría un fuerte despliegue de fuerzas federales en los estados sureños del país para “garantizar el desarrollo de las elecciones”.
 
Según observó Guadalupe Francisco, las fuerzas militares estuvieron haciendo rondines a cinco o 10 metros de distancia de las casillas de votación, pero la mayoría se plantó afuera de las sedes del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del estado y el Instituto Nacional Electoral (INE).  
 
La activista señaló que la presencia de fuerzas militares no sólo fue motivo para que muchas mujeres decidieron no votar o lo hicieran con temor, sino también para que decidieran anular su voto y marcaron la boleta con leyendas en las que exigían la aparición con vida de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada desde septiembre de 2014.
 
NUEVOS PROCESOS ORGANIZATIVOS
 
Edith Na Savi, maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, aseguró en entrevista con Cimacnoticias que en la región de La Montaña de Guerrero –con altos niveles de rezago social y marginación– la participación electoral de la población femenina en estos comicios también fue muy baja.
 
De acuerdo con reportes de los medios de comunicación, un convoy con siete vehículos militares llegó desde el pasado 4 de junio al estado.
 
Si bien durante la jornada electoral se les vio principalmente cerca de las cabeceras municipales (donde se instalaron las casillas), las fuerzas castrenses instalaron sus campamentos en las comunidades más alejadas, como las de La Montaña.
 
A decir de la experta en desarrollo comunitario y colectivo, la constante presencia militar en esta región predominantemente indígena también resultó intimidante, ya que históricamente ha significado para las mujeres el riesgo de ser agredidas sexualmente en completa impunidad.
 
Así sucedió en 2002, cuando militares del 41 Batallón del Ejército fueron denunciados por agredir sexualmente en menos de un mes a cuatro mujeres indígenas de la población tlapaneca en la zona de La Montaña, entre ellas las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, cuyos casos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que impuso sendas condenas al Estado mexicano por no brindar justicia a las víctimas.
 
Cabe recordar que en estos comicios Valentina Rosendo se postuló como candidata a la alcaldía de Acatepec por el emergente partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero semanas antes de las elecciones desistió de la candidatura porque fue amenazada y luego sufrió un accidente automovilístico, que calificó como posible atentado en su contra.
 
PUEBLO EN RESISTENCIA
 
Las mujeres de Guerrero viven desde los años 60 y 70 –durante la represión a las guerrillas y los movimientos sociales– bajo la vigilancia militar.
 
No obstante, de acuerdo con Edith Na Savi desde hace tres años la presencia del Ejército se intensificó para reprimir al gremio magisterial, que se opone a la reforma educativa.
 
Durante 2014, cuando estalló un fuerte movimiento guerrerense  por la desaparición forzada y el asesinato de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, llegaron más militares a la zona bajo el pretexto de combatir la producción y tráfico de enervantes.
 
No obstante, cuando la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” golpearon a las comunidades de La Montaña en 2013, ni el Ejército ni ninguna fuerza policial les prestó ayuda, por lo que decidieron iniciar sus propios procesos organizativos para garantizar su seguridad.
 
Según observó Na Savi, el principal factor de abstencionismo en la región en estas elecciones fue que la mayoría de las mujeres de La Montaña tuvieron un fuerte proceso reflexivo comunitario en el que decidieron no votar, porque no creen en la institución electoral y porque consideran que cualquier candidato que resulte ganador sólo ve por su beneficio personal.
 
Además, durante las campañas el INE no se preocupó por informar en lenguas originarias a las mujeres indígenas, ni en evitar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) intentara coaccionar el voto de esta población. 
 
A esto se suma que las mujeres –maestras y campesinas– decidieran apoyar al movimiento contra la jornada electoral en solidaridad con las familias de los estudiantes, quienes fueron reprimidas en el municipio de Tlapa de Comonfort por un fuerte comando policial que mató al menos a dos varones y dejó gravemente heridas a dos maestras.
 
“En La Montaña ya no somos las mismas personas de hace cinco o 10 años; en estas elecciones la gente se preguntó: ¿Dónde están los gobiernos cuando se le necesitan? Por eso tuvieron que construir otros procesos”, aseguró la académica.
 
Así, desde 2014 las comunidades de esta región construyeron una clínica de atenciones médicas sin apoyo del gobierno y se fortaleció una Policía Comunitaria que este 7 de junio tuvo que combatir a fuerzas federales para defender a la población indígena.
 
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