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Funcionarios de Chihuahua, implicados en violencia de género

Por la Redacción

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) exigió al Estado mexicano que garantice la justicia y seguridad de las chihuahuenses.
 
En un informe con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, Cedehm insistió en que es un reto impostergable que todas las autoridades asuman con responsabilidad, compromiso, profesionalismo y objetividad, el importante encargo que tienen.
 
En el documento se presentan cuatro casos emblemáticos que evidencian la violencia, impunidad y discriminación contra las mujeres en Chihuahua.
 
Según estudios de El Colegio de la Frontera Norte, entre 2008 y 2012, tan sólo en Ciudad Juárez se registraron en promedio 187 asesinatos de mujeres cada año; es decir, un total de 940 casos de feminicidio en el mismo periodo.
 
Cedehm acusó también que la omisión de las autoridades ha causado que las organizaciones civiles pidan asistencia de organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en octubre pasado emitió 176 recomendaciones al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres.
 
El Cedehm creó un Observatorio del Centro de Justicia para las Mujeres, con el que detectó que en lo que va de 2014 en Chihuahua han ocurrido más de 25 casos de feminicidio y en un día se perpetraron tres asesinatos de mujeres.
 
Según su informe, en 2013 el Cedehm tramitó y acompañó de manera integral a 2 mil 770 mujeres en situación de violencia.
 
De los casos atendidos en 2014, cuatro son emblemáticos pues reflejan la permanencia de estereotipos de género, racismo, discriminación en acceso a la justicia, abuso de poder público y falta de sensibilización por parte de las autoridades.
 
Uno de los casos es el de Beatriz, una mujer indígena que espera justicia por intento de feminicidio en 2012. Su agresor, Ramón Vizcarra de la Cruz, la arrojó del tercer piso de un hotel; sin embargo la Fiscalía de Chihuahua inició la investigación del delito por “lesiones” y no por tentativa de feminicidio.
 
Gema también es indígena. En 2011 trabajó en el hogar de Judith Sánchez Rojo o Judith Rojo Sánchez, quien la presionó para que le “prestara a su hija” de un mes de nacida.
 
Gema no ha podido recuperar a su hija desde entonces. Aunque interpuso una denuncia penal por delito de secuestro de menores, la fiscalía jamás buscó a la pequeña y fueron las organizaciones civiles quienes dieron con su paradero en 2013.
 
El tercer caso es el de Pamela, quien entabló una relación sentimental con César Israel Villanueva Carrillo, ministerio público de la Fiscalía Estatal, de quien fue víctima de violencia familiar, por lo que huyó a otro estado.
 
En 2013 regresó con su hijo a la ciudad de Chihuahua. El agresor empezó a hostigarla y finalmente la convenció de brindarle protección económica al niño, pero a condición de que le permitiera la convivencia.
 
Este año el agresor acudió al domicilio de Pamela, le exigió tener relaciones sexuales y ante la negativa arremetió contra ella. Sustrajó al niño y ante la solicitud de auxilio de la víctima, los policías municipales se negaron a detener al agresor porque se trataba de un agente del MP.
 
Elizabeth, el cuarto caso reportado, vivió en 2007 en unión libre y tuvo una hija con Francisco Javier Gutiérrez Menchaca, quien labora en la Fiscalía del Estado. Ella decidió separarse ante las agresiones físicas que sufría.
 
En 2013 presentó una denuncia penal por incumplimiento de obligación alimentaria, por lo que su familia y los testigos enfrentaron amenazas de parte del agresor y de Lizeth Manuela Cortez Ortiz, policía ministerial de la Unidad de Homicidios. En diciembre pasado el funcionario estatal sustrajo a la niña.
 
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