Hoy tenemos que reconocer que seguimos arrastrando diversos problemas en el uso y manejo de los programas sociales y los recursos del erario público para fines electorales.
No hemos ido de frente contra la impunidad ni contra la corrupción, y lo que se ha hecho es insuficiente. Ha disminuido el número denuncias, sin embargo, esto no necesariamente significa que las autoridades responsables estén actuando: puede significar desencanto y desinterés ciudadano porque la justicia nunca llega.
Esta consignado en nuestra realidad nacional que candidatos y operadores políticos de los distintos partidos políticos y de los gobiernos estatales y del federal han hecho uso y mal uso de programas sociales, tanto en sus procesos internos como en los constitucionales, federales, estatales y locales; que los esfuerzos realizados por el poder Ejecutivo, el Instituto Federal Electoral y la PGR, si bien son ponderados, siguen siendo insuficientes. La voluntad ciudadana sigue siendo burlada y corremos el riesgo de que la abstención triunfe.
En efecto, necesitamos un blindaje electoral dentro del marco del pacto de civilidad que el presidente Vicente Fox invocó en su V Informe de Gobierno; el PRD le ha tomado la palabra para enfilar el rumbo hacia el proceso de renovación de la presidencia y los procesos locales, que se juntarán en las mismas fechas el próximo año.
El blindaje tendrá que ser de gran envergadura para que los programas sociales y los recursos del erario público no sean utilizados con motivos políticos. El pacto de civilidad debe comprender la voluntad de los tres poderes de la nación y los tres niveles de gobierno. Necesitamos un decreto que establezca una instancia para que la actividad de las y los observadores electorales cuente con legitimidad y legalidad para elaborar e interponer denuncias ante ministerios públicos y jueces de paz por todo el país.
Estos observadores ciudadanos con investidura legal darán confianza a la ciudadanía de que ningún partido y ningún gobierno podrán malversar recursos públicos o dinero de los programas sociales.
Necesitamos dar confianza para que la ciudadanía vaya a votar y asuma un papel legítimo de guardiana de la legalidad; para que rompamos el círculo perverso de la política servil donde el amago y la prebenda mantienen sometido a un sector rural e indígena muy numeroso a un sistema político antidemocrático.
Reconocemos los esfuerzos que la Cámara de Diputados ha realizado para que ahora, en el Senado de la República, de manera perentoria, aprobemos el dictamen que adiciona un título a la Ley General de Desarrollo Social, misma que establece las sanciones e infracciones para todo servidor público que, en ejercicio de sus funciones, desvíe o malverse los recursos; niegue o retrase la canalización de los beneficios de los programas sociales; viole la normatividad o use la información para fines contrarios a los que establece la ley.
Con esto podemos avanzar hacia una nueva cultura cívica basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y al ejercicio pleno de la ciudadanía, que es una deuda en la incipiente democracia nacional.
*Senadora por el Partido de la Revolución Democrática
