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Gaby delinquió para pagar los estudios médicos de su hijo

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Gaby suspira con aliento de tristeza, pero sus ojos se mantienen firmes. Luego suelta sin titubeo: “Sí, soy culpable”.
 
Desde hace dos años y ocho meses su vida transcurre dentro del amurallado espacio que conforma el reclusorio femenil de Tanivet, en el municipio oaxaqueño de Tlacolula de Matamoros. Fue procesada y sentenciada a 10 años y 11 meses por delitos contra la salud.
 
Violentada por la pobreza, Gaby delinquió en busca de pagar los estudios médicos de su hijo, quien nació con parálisis cerebral a causa de una negligencia médica.
 
Ella es menudita. Su mirada refleja la juventud de sus 25 años de edad y su hablar destella el acento zapoteco de su lengua materna.
 
En el reclusorio, como en contadas ocasiones, hay fiesta. Gaby se desprende de la mano de Diego, su hijo, para buscar un espacio alejado de la algarabía. Comienza a deshilar su historia.
 
Diego, quien actualmente tiene cuatro años, es su segundo hijo. La primera la tuvo a los 17 años producto de una violación. Aquél hecho complicó su contexto precario en San Dionisio Ocotepec, una comunidad con alto grado de marginación y pobreza extrema.
 
Años más tarde vino el segundo hijo. A los seis meses de embarazo le fue detectado líquido en el cerebro, por lo que los médicos indicaron la realización de un monitoreo fetal y una cirugía de emergencia al momento de nacer, pero ninguna de estas dos cosas fueron realizadas.
 
“Los médicos que me atendieron dijeron que el niño venía normal y que no era necesario que lo operaran”, relata.
 
Al poco tiempo Gaby notó que Diego no tenía fuerza para sostener la cabeza, tenía dificultades para comer y no se notaba su crecimiento. Para ese entonces el padre de Diego había abandonado la familia.
 
La mujer solicitó apoyo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, pero no lo consiguió porque no le entendieron su lengua materna. Su esperanza era tramitar el Seguro Popular, pues había escuchado que garantizaba la atención médica de niñas y niños. Tampoco obtuvo ayuda.
 
“Con el seguro que saqué me fui al Hospital de la Niñez, pero de todas maneras me dijeron que tenía que pagar la tomografía que me costaba cuatro mil pesos. Yo no contaba con el dinero. Poco después caigo presa y ya no pude hacer nada por él”, cuenta.
 
Afuera sus hijos quedaron al cuidado de la abuela materna, quien antes de dedicarse de lleno a Diego, trabajaba en el campo.
 
Actualmente  Diego vive en el penal con su madre, luego de que su abuela Virginia también fuera detenida y procesada por el mismo delito que Gaby.
 
La madre continúa su relato: “Yo necesitaba el dinero y la desesperación me llevó a incurrir en esto. Para mí no había de otra más que arriesgarme. Yo sólo pensaba en que me fuera bien para darle al niño lo que requería: medicamento, vitaminas. Nunca pensé en el riesgo”.
 
“Una madre es capaz de hacer hasta lo imposible por sus hijos. Una madre es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier locura, no pensamos en el riesgo, en las cosas más allá de que nos pueden perjudicar. Sólo se piensa en la desesperación de poder hacer algo”, sostiene con firmeza.
 
Antes de ser detenida, Gaby trabajaba en una tienda de abarrotes, por la tarde lavaba ropa, labor por la cual percibía 60 pesos. Su sueldo era insuficiente para pagar las frecuentes consultas de su hijo y los constantes medicamentos. En una jornada de trabajo lograba reunir unos 120 pesos para el sustento de su hija e hijo.
 
Adentro de la cárcel aprendió a bordar bolsas. Día y noche realiza esta actividad para solventar los gastos adentro del penal para Diego, y fuera de éste para su hija de ocho años que a partir de la detención de la abuela Virginia vive en una casa hogar.
 
Gaby y sus hijos cuentan los días en el calendario. La condena no fue reducida a pesar de la apelación y del estado de vulnerabilidad de Diego y su hermana.
 
Afuera de la cárcel “tendré una segunda oportunidad. Seguiré luchando. No voy a descansar por mi hijo”, remata.
 
VIOLENTADAS POR LA POBREZA
 
En su investigación “Deshilando condenas, bordando libertades”, que refleja 10 historias de mujeres indígenas oaxaqueñas acusadas por delitos contra la salud, Concepción Núñez Miranda escribe que las personas violentadas por la pobreza son personas que ven violados sistemáticamente sus derechos fundamentales: el derecho a una vida digna, a la alimentación, la salud, la educación, el vestido y el derecho al trabajo.
 
Lo anterior orilla a muchas mujeres a emplearse para trasladar droga. Las historias recogidas por Núñez Miranda visibilizan y dan voz a las mujeres, quienes en sus relatos muestran los diversos rostros de la injusticia.
 
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