Organizaciones feministas de Perú exigieron al Estado, garantice el derecho de las mujeres a vivir sin violencia a través de una Ley que aborde sus distintas manifestaciones: en la familia, la violencia sexual, la trata, el acoso sexual, el feminicidio, la lesbofobia y que sea acorde con los tratados internacionales suscritos por el país.
En un comunicado, a raíz de que en el Congreso de la República se revisan por sexta ocasión las Modificaciones a la Ley 26260 de Violencia Familiar, y en conmemoración del «25 de Noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres», las mujeres reclamaron respeto a su derecho a vivir sin violencia.
La organización peruana, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, (Demus), así como organizaciones que forman parte del Colectivo 25 de noviembre, piden la expedición de una ley que responda a las necesidades y demandas de las mujeres, toda vez que la Comisión Especial Revisora, ha abordado de manera limitada la actual Ley.
Ya que no individualiza a las mujeres como sujetos de derecho y restringe su ámbito de protección al hogar, dejando de lado otros espacios y agentes productores de violencia de género, como la comunidad y el Estado
«Con ello, se ignoran otros espacios donde también ocurre la violencia como lo son las escuelas, instituciones castrenses, la calle, el trabajo, etcétera, por lo que es necesaria una Ley que garantice un proceso rápido de protección a futuras violencias y asegure la sanción a los agresores, así como una justa indemnización por lo ocurrido, afirmó la abogada Jeannette Llaja Villena.
El texto aprobado por la Comisión busca la protección del vínculo familiar sobre una «idealizada armonía» y no considera la violencia familiar como una expresión de la violencia de género que afecta de manera especial a las mujeres a lo largo de su vida.
ESCASOS RECURSOS
La ley debe obligar a los sectores del Estado a un trabajo articulado, el cual se marca en el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015, y en los que se involucran los ministerios de la Mujer, de Salud, de Educación, del Interior y de Justicia, precisó que para que este trabajo funcione también es necesario se le asignen recursos, añade la experta.
A pesar de ello, para 2011 al Programa Nacional Contra la Violencia a la Mujer, se le asignaron aproximadamente 228 millones de pesos, que resultarán insuficientes para las atenciones anuales, ya que tan sólo de enero a septiembre del 2010, 27 mil, 215 mujeres solicitaron algún tipo de atención.
También hay que dotar de presupuestos suficientes a los gobiernos regionales y locales, para que puedan diseñar y ejecuten las políticas contra la violencia hacia las mujeres, agrega.
En materia de salud y educación, la abogada Llaja Villena
consideró que el Ministerio de Salud, debe garantizar la atención de la salud mental de las víctimas de violencia con el cumplimiento de las guías y protocolos existentes.
Igualmente, que el Ministerio de Educación desarrolle políticas educativas preventivas que contrapesen la socialización machista en las familias y contribuya a relaciones de igualdad basadas en el respeto entre mujeres y hombres.
Las organizaciones destacan que las modificaciones a la Ley 26260 de Violencia Familiar, tampoco se ajustan al mandato de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CEDAW), suscrita por el Estado peruano vigente desde 1996.
Este instrumento obliga a la debida diligencia frente a la violencia de género que implica la prevención, investigación de los casos, sanción a los agresores, protección y reparación para las víctimas.
Así como a destinar presupuesto para el funcionamiento de servicios para la atención adecuada y oportuna de las mujeres afectadas.
10/GTR/LR/LGL
