Para Alicia Elena Pérez Duarte, la Fiscal Especial para la investigación de delitos violentos contra Mujeres de la Procuraduría General de la República (PRG), el reto más grande de su vida profesional es dar a las mujeres mexicanas una imagen distinta de la procuración de justicia que les permita recobrar la confianza en su valor como ciudadanas.
Y «el reto es todo el país», remarcó la feminista, activista de los derechos humanos y doctora en derecho, quien definió así la magnitud de la tarea que asumió esta semana, al tomar posesión como titular de la recién creada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el país.
La instancia, adscrita a la PGR enfrenta dos desafíos, garantizar la aplicación plena en todo el país de los compromisos internacionales en materia de combate a la violencia de género suscritos por México, y trascender la actual coyuntura política para no desaparecer con el cambio de gobierno, explicó Pérez Duarte a Cimacnoticias en su primera entrevista como Fiscal.
El plazo para superar ambos retos es corto, admite: a cinco meses de las elecciones presidenciales y a diez del relevo en el gobierno federal, la Fiscalía tiene poco tiempo para cambiar el rostro actual de la procuración de justicia para las mujeres mexicanas y convertirlas a ellas y a su seguridad en el centro del trabajo que desarrollan agentes investigadores, ministerios públicos y corporaciones policíacas en toda la República.
La ventaja de esta nueva instancia es que, a diferencia de las Fiscalías creadas en los últimos sexenios, fue dotada de autonomía técnica y operativa, y su titular tiene facultades de Ministerio Público para investigar y perseguir los delitos de violencia contra las mujeres que salieron a luz con Ciudad Juárez, pero que sucede en todos los estados de la República.
El fenómeno que tanto nos lastima e indigna de Ciudad Juárez obligó a las instituciones a revisar el tema de la violencia contra las mujeres en el país y llegar a la conclusión de que el problema existe, dijo a Cimacnoticias.
¿Por dónde comenzar?
Sin dudarlo, dijo que por aplicar al 100 por ciento los compromisos de combate a la violencia de género que asumió México al suscribir la Convención Do Belem do Pará, la cual todavía no tiene carta de naturalización en varias regiones de la República.
La responsabilidad de hacer cumplir la Convención y los acuerdos internacionales es de la Federación, precisa, pero el trabajo clave lo desempeñarán las procuradurías de justicia locales, debido a que la mayoría de los delitos que involucran violencia contra las mujeres son del fuero común.
«Esto significa que la Federación, a través de la Fiscalía está aportando sus recursos, experiencia, periciales y los pone al servicio de las procuradurías locales, con esta mira, dar recursos a esas procuradurías para que puedan cumplir de manera eficiente su trabajo y que no se repita un fenómeno como el de Ciudad Juárez», explica.
Esta es la razón, aclara, por la que la Fiscalía no tendrá a su cargo cientos o miles de casos, pues la mayoría de ellos deberá resolverse, con perspectiva de género, en las instancias locales.
Sin embargo, la dependencia sí ejercerá sus facultades de atracción al ámbito federal de los casos emblemáticos, que deberán resolverse como ejemplo de lo que se puede hacer con una investigación científica, criminológica, que se refleje en una averiguación previa y su posterior consignación, con perspectiva de género, sostiene Pérez Duarte.
La fiscal prefirió no adelantar cuáles serán estos casos, algunos ya definidos, que tendrá a su cargo el área técnica de la Fiscalía, «que nos permitan mostrar a la sociedad y a las procuradurías locales que sí se puede hacer».
Pérez Duarte instalará tres oficinas regionales, una en Ciudad Juárez, otra en el Distrito Federal y una más en Tapachula, Chiapas. Las áreas de trabajo serán tres: técnica, de atención ciudadana, y de capacitación y formación.
La primera tendrá a su cargo la investigación de los casos que la Fiscalía atraiga al ámbito federal, así como la redacción de manuales de procedimientos y de investigación, por lo que, de acuerdo con la propia funcionaria, será «la espina dorsal del proyecto».
La de atención ciudadana, con Alicia Pérez Duarte al frente, se encargará de diseñar un modelo de atención a las víctimas de violencia de género, que se aplicará en el ámbito federal y se replicará en las procuradurías estatales.
En el área de capacitación se especializará a los agentes investigadores y los ministerios públicos de todas las procuradurías de justicia del país, en la violencia de género, y para ello ya se iniciaron pláticas con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a fin de garantizar que todos los cursos que se impartan tengan valor curricular de diplomado cuando menos.
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía cuenta con un presupuesto de 150 millones de pesos asignados por la Cámara de Diputados.
El riesgo
Consolidar el proyecto para hacer que trascienda la coyuntura política en la que surge la Fiscalía Especial, es el objetivo, pues de lo contrario podría desaparecer, recordó.
Hasta ahora ha habido acercamientos con los procuradores de justicia de Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y el Estado de México, abundó la funcionaria.
Indicó que en este reto, no está sola, que cuenta con el apoyo de las mujeres de México, a las que espera dar una imagen distinta de lo que es la función pública y la procuración de justicia.
«Una de las responsabilidades más grandes de esta Fiscalía es que es resultado de un diálogo, de un consenso social, de un esfuerzo conjunto entre el Poder legislativo y el Ejecutivo y tenemos que responder», puntualiza.
