La antropóloga Marta Cabezas es representante de la Asociación española para la Cooperación con el Sur-Las Segovias (ACSUR) en Bolivia, donde vive desde hace tres años. En esta entrevista, retrata un país con una «especie de ecuación» que coloca a los blancos en mejores posiciones sociales y económicas.
En una entrevista online mantenida con los internautas de Canal Solidario, Marta Cabezas explica la desigualdad que existe en Bolivia con dos ejemplos: la situación que existía hasta la revolución de 1952, «cuando los indígenas debían trabajar gratuitamente para las haciendas y las minas», y la usurpación sistemática de tierras comunitarias de los pueblos indígenas para expandir el latifundismo.
Eso explicaría el arraigo que tiene la reivindicación de formas de explotación de los recursos naturales que beneficien a todos.
–¿Cómo afecta la política de privatización directamente en la población boliviana?
–Bolivia, país tremendamente rico en recursos naturales, tiene dos tercios de pobres y uno de los índices de desigualdad social y económica más altos de toda América Latina. En consecuencia, es obvio que el modelo de explotación de los recursos naturales no está beneficiando a los sectores más desfavorecidos.
Desde 1985, los recursos naturales son extraídos bajo concesiones muy beneficiosas para las empresas. Además, el valor agregado y los empleos que produce su industrialización no benefician a los bolivianos, pues se realizan fuera de Bolivia.
Los ingresos de la explotación del gas es la única esperanza a corto plazo para que el Estado genere procesos de redistribución y por eso este tema se ha vuelto tan importante para los movimientos sociales.
–¿Cuál es la responsabilidad, si es que la hay, de las empresas españolas en la crisis de Bolivia?
–Yo creo que es necesario denunciar que en Bolivia hay muchos «bloqueadores», algunos visibles y otros de guante blanco. Los más visibles son los movimientos sociales, que bloquean las calles, las ciudades y los centros de poder. Los de guante blanco son los partidos políticos tradicionales, que han bloqueado el Parlamento generando una situación de caos social galopante, y el capital transnacional.
Es probable que se generen demandas contra Bolivia si este país ejerce su soberanía y nacionaliza los hidrocarburos o genera leyes poco favorables para las empresas transnacionales, como Repsol. La sola amenaza de estas demandas está generando presiones fortísimas y creo que no es legítimo atenazar la soberanía boliviana en momentos tan críticos.
–¿A qué se debe que exista tal capacidad de organización ciudadana en Bolivia para llegar a provocar semejante crisis?
–En primer lugar, es una sociedad donde priman la explotación económica, la exclusión política y la inequidad social, situaciones que se han visto agravadas desde la crisis económica que empezó en el año 2000 y que sigue vigente.
En segundo lugar, las reformas neoliberales ortodoxas que se aplican en Bolivia desde 1985 han generado un escenario de empeoramiento, con las consiguientes movilizaciones sociales. El antineoliberalismo ha sido un fortísimo articulador social, pero lo que ha sido clave en este momento histórico en Bolivia creo que ha sido el resurgimiento de las identidades indígenas.
–Además de la importante crisis y pobreza que atraviesa el país, ¿crees que lo que sucede en Bolivia se puede inscribir en un movimiento en América Latina que está invirtiendo la política tradicional de sometimiento al neoliberalismo?
–Sin duda, creo que hay que saber leer este momento como parte de un proceso de agotamiento de un modelo económico, social y político que excluye a las mayorías y, en el caso boliviano, reproduce además un racismo histórico. Creo que está llegando el momento de que ese modelo cambie, tanto en la economía como en la política, porque no hay que olvidar que las «democracias pactadas», donde los partidos tradicionales se turnan para perpetuar sus privilegios, también están agotadas.
–¿Qué ocurrirá ante unas elecciones generales? ¿El movimiento indígena o los partidos de izquierda podrían llegar al poder?
–Creo que ese es un escenario muy incierto. El MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales, que se llama también «instrumento político»de los movimientos sociales, es el partido más sólido de los existentes. Sin embargo, tiene una oposición enfrente muy cohesionada y que está aliada en su contra.
–¿Es tan grande la fractura social?
–La fractura social es, efectivamente, enorme. Están sobre la mesa dos proyectos de país, expresados en la «agenda de octubre» de los movimientos sociales –nacionalización de los hidrocarburos como medida de redistribución de la riqueza y Asamblea Constituyente como medida de redistribución del poder político–, y en la «agenda de enero» de las élites cruceñas, autonomía departamental para Santa Cruz y para el oriente boliviano con plena gestión de los recursos naturales, sin discusión en la Asamblea Constituyente.
En el oriente están precisamente el gas, el petróleo, la tierra, la biodiversidad y la mayoría de los recursos naturales y estratégicos. Están sobre el tapete dos modelos de país y eso hace que la situación sea muy delicada.
–¿Tiene realmente Evo Morales un papel crucial en esta crisis?
–Evo Morales es un fenómeno mediático internacional y se le atribuye un papel más protagonista del que realmente tiene. Los movimientos sociales son muy diversos, si cabe la expresión, son una «jaula de grillos». El MAS está apostando por la vía democrática, mientras que otros están en una vía más revolucionaria.
–¿Crees que las organizaciones no gubernamentales (ONG) deben implicarse políticamente en lo que está sucediendo en Bolivia?
–El mundo de las ONG es muy diverso. Diría que todos los que trabajamos en el campo, trabajamos con las organizaciones campesinas e indígenas y solemos destinar parte de nuestros esfuerzos en su fortalecimiento, sea con información, apoyándoles a fortalecer su capacidad de autogestión, con capacitaciones, etc. A ese nivel, creo que debemos seguir trabajando. Sin embargo, cuando entramos en el nivel político-partidario creo que no es nuestra función.
2005/GM
