El tema de la discriminación hacia las mujeres en las instituciones suele verse como un asunto trivial. Sin embargo, cuando se reconoce la segregación influenciada por aspectos culturales que se traduce en efectos negativos para toda la sociedad, y se proporcionan datos desagregados por sexo y por edad, así como los costos económicos de no favorecer las relaciones equitativas, se propicia un ambiente de aceptación para impulsar reformas legislativas que incidan de manera práctica en el rompimiento de la reproducción de pautas culturales ancestrales.
El 13 de octubre se conmemoró el 48 aniversario del sufragio femenino en nuestro país, y después de casi medio siglo, la representación en los parlamentos es de aproximadamente 10 por ciento. La ciudadanía no es sólo el ejercicio del voto o participar en las elecciones: significa ejercer plenamente todos los derechos, y participar en los procesos de toma de decisiones desde la perspectiva de ser mujer.
Es por ello que la semana pasada abordé la tribuna de la Cámara de Senadores para hacer un pronunciamiento sobre la importancia que ha tenido el voto femenino en el mundo y en nuestro país. Y en una segunda ocasión para presentar un proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones.
Esta iniciativa representa la demanda de las nuevas generaciones de graduadas de los centros de educación superior para que en el registro de los títulos profesionales, la expedición de cédulas correspondientes, y en general para todos aquellos actos de control y vigilancia del ejercicio profesional, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Profesiones, haga la anotación del grado académico en razón del género de la persona titular o acreditada.
De esta manera, los títulos profesionales llevarán la profesión en femenino o masculino, ya no sólo como «Abogado», «Médico», «Arquitecto» o «Ingeniero» sino, en el caso de las mujeres, dirá «Abogada», «Médica», «Arquitecta» o «Ingeniera». La propuesta fue basándome en que la matrícula femenina en educación superior creció en los últimos años a una tasa promedio de 6.5 por ciento contra un 4 por ciento de los varones, que desde 1995 la participación de mujeres en las universidades es de 50 por ciento, y que hay carreras en las cuales su presencia corresponde a 75 por ciento.
En Puebla, de 8,801estudiantes de primer ingreso, 3,573 son mujeres, es decir 40 por ciento; asimismo, de la matrícula total de 40,768, un 44 por ciento son mujeres, y de 11,048 que egresaron en 1997, el 54 por ciento son mujeres. A pesar de la situación económica actual, las posibilidades de encontrar un empleo para las personas que poseen un título o diploma son diez veces mayores que las de quienes no lo tienen. Si consideramos que el lenguaje es la expresión de nuestra sociedad, la modernidad exige de aproximaciones a las relaciones equitativas entre quienes integramos la raza humana.
* Senadora por el Partido Revolucionario Institucional. Correo electrónico: lsaldañ[email protected].
Amigos y amigas, sólo una muerte hay: es el olvido.
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