Una especie de acuerdo de omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno -no hacer, no actuar, no informar, no decir la verdad- ante las graves consecuencias de la tormenta Stan podría convertirse en una especie de genocidio por omisión en el Soconusco, la sierra y la frontera de Chiapas.
Esta conducta ha dañado y continúa dañando física y psicológicamente a la población, con repercusiones en la vida, la salud física y mental de las personas establecidas en la zona afectada por falta del apoyo adecuado.
La población de las comunidades no fue sólo damnificada; las y los sobrevivientes presentan el cuadro típico de estrés postraumático sin que se les atienda para superar la causa del trauma. La lentitud gubernamental acentúa y reafirma su vivencia traumática. Las conductas irresponsables de las autoridades no dan solución al problema.
La ayuda gubernamental -federal, estatal y municipal- se percibe como mínima e insuficiente para la magnitud de la devastación. La percepción de la población es que las autoridades federales viajaron a Chiapas para tomarse la foto, sin operar medidas idóneas, eficaces y efectivas para atender la problemática con todos los recursos y capacidades que un país como México tiene.
Todavía no hay acceso a muchas comunidades de la sierra incomunicadas por tierra; no se les ha proporcionado alimentación, ni se han restablecido los servicios de agua potable y luz eléctrica; tampoco hay alojamiento adecuado y servicios de salud que eviten poner en riesgo sus vidas.
El gobierno exige a la población damnificada en los albergues que se apoye con sus familiares y se retire, sin dar los recursos necesarios mientras se les reubica. Hay testimonios que indican que les prohíben salir de los albergues en días de manifestaciones bajo la amenaza de no permitirles el reingreso.
Funcionarios de la Dirección de Protección Civil y del Instituto de Desarrollo Humano han sido reiteradamente señalados por «controlar» la ayuda, y acusados de aprovechar para su uso personal las despensas, los víveres y otros productos, como ropa y calzado, que se reciben. Por su parte, se afirma que el Ayuntamiento de Tapachula entrega despensas caducas y otros funcionarios se han apropiando de los apoyos para utilizarlos en su beneficio en las próximas contiendas electorales.
En las cocinas comunitarias hay reportes de que se cobran los alimentos a 5 y 10 pesos, como apoyo para comprar el gas y, en otros casos, que no les llevan las despensas: las y los damnificados deben cooperar para pagar el transporte.
Las autoridades encargadas de «brindar la ayuda» parecieran querer evitar y obstruir el contacto con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que vienen para ofrecer su apoyo. La razón parece clara: no se tomaron medidas preventivas y las consecuencias son fatales; hay más vidas humanas perdidas que las que se reportan oficialmente y no se desea que se conozca la magnitud del problema.
No es de extrañar, pues se sabe también de ganancias millonarias por venta de viviendas construidas en zonas de alto riesgo en la que están implicadas directa e indirectamente las autoridades, lo que pareciera el colmo de su cinismo.
La emergencia perdura, no cesa. Hay incertidumbre; la población está en espera y no sabe para cuándo vendrá la ayuda realmente. Hay desesperación, angustia, miedo sobre lo que pasa y lo que viene. Se teme a la inseguridad por la delincuencia, a la falta de protección policial y a las escasas medidas preventivas de salud.
La población en Tapachula siente abandono; se hace creer que lo que ocurre en Chiapas esta controlado y no es así: persiste un estado de emergencia.
Se percibe que las autoridades quieren hacer creer que «lo de Chiapas» es un hecho aislado del país: se mueren los chiapanecos, no todos los mexicanos. Hay una sensación, un mensaje que llega a lo más profundo, que dice: Chiapas no vale, no como las zonas turísticas por Wilma.
Un escenario catastrófico sería un mayor incremento de muertes, ya no por el huracán Stan, sino por la omisión de las autoridades, pues se prevén epidemias, miseria, delincuencia, inseguridad, migración forzada y hasta un probable estallido social.
Urge contar con el apoyo de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y de organismos humanitarios para que avalúen la situación del desastre y monitoreen la respuesta del Estado mexicano a las comunidades del estado de Chiapas.
*Centro de Defensa de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
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