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Gobernador criminaliza a víctimas y no indaga desapariciones

Por Anaiz Zamora Márquez
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En Veracruz, estado caracterizado por el ataque a la libertad de expresión, la  criminalización de la protesta social, y la violencia contra las mujeres, la respuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa al dolor, indignación y exigencia de justicia de madres de jóvenes desaparecidas es una “sonrisa burlona” y un mensaje en redes sociales.
 
Para organizaciones civiles y personas que defienden Derechos Humanos, la indiferencia y arrogancia mostrada por Duarte cuando Araceli Salcedo Jiménez, madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida el 7 de septiembre de 2012, lo increpó para exigir acciones concretas en la búsqueda de su hija, es una muestra de la falta de atención en Veracruz ante las desapariciones, que van en incremento desde que el priista asumió el gobierno de la entidad.
 
El pasado viernes 23 de octubre, el mandatario local se encontraba en el municipio de Orizaba grabando, junto con su familia, los promocionales de su Quinto Informe de Gobierno cuando Araceli Salcedo lo encaró para externarle su malestar por la falta de respuesta del estado para atender a las madres de personas desaparecidas.
 
“Aquí está su pueblo mágico, señor, donde nos desaparecen a nuestros hijos”, le dijo Araceli al gobernador mientras seguía caminando y sonriendo.
 
“Al externarle su malestar, su sentir y la verdad de lo que sucede y prevalece en el estado que gobierna, Javier Duarte no hizo más que reírse y seguir su marcha sin detenerse, contrario a la lógica y al respeto que le merecen sus gobernados, pero en especial la madre de una hija desaparecida en su estado y en su propia administración”, acusaron en un comunicado organizaciones como Fundar Centro de Análisis e Investigación y Cauce Ciudadano.
 
Luego de que se diera a conocer en un video el desdén de Duarte, el gobierno de Veracruz emitió un boletín en el que aseguró que se giraron instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que redoblara esfuerzos en la investigación de los hechos, y señaló que el caso había sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que existían “elementos de la participación de la delincuencia organizada”. 
 
En tanto el domingo 25 de octubre, la Fiscalía estatal publicó en su portal una nota en la que se señala que la Red de Madres Buscando a sus Hijos, una organización nacional, declaró que en “Veracruz es donde hemos encontrado quizá la mejor atención y respuesta en el tema de personas desaparecidas”.
 
En conferencia de prensa ayer en esta capital, Araceli Salcedo declaró que tras haber increpado al gobernador se comenzó una campaña mediática para criminalizar a su hija, y sostener que ella tenía nexos con el narcotráfico.
 
En ese contexto, en un pronunciamiento público, las organizaciones desmintieron al gobernador en cuanto al supuesto interés de darle seguimiento al caso, puesto que reuniones previas con Araceli Salcedo se suspendieron por falta de interés y voluntad política de parte del mandatario de Veracruz, para exigir el puntual e irrestricto apego a la ley de sus funcionarios, específicamente la Fiscalía del estado.
 
“Hacemos un llamado enérgico para que las autoridades federales y estatales den seguimiento puntual a éste y todos los casos de desaparición en el estado de Veracruz, sin más pretextos ni dilaciones y con apego a la justicia y la verdad”, declararon las organizaciones.
 
Asimismo, demandaron que se garanticen todas las condiciones de seguridad para Araceli Salcedo, su familia, así como a todos los familiares de personas desaparecidas en Veracruz, y  responsabilizaron de cualquier acto en contra de la integridad de Araceli y su familia a Javier Duarte de Ochoa.
 
Es de recordar que durante este año, diversas organizaciones de mujeres han alertado sobre la grave violencia contra las mujeres que se vive en la entidad, y que año con año va en aumento, alarma que incluso derivó en que se solicitara una Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad. 
 
De acuerdo con el Colectivo Feminista de Xalapa, de enero a julio de 2015 suman 70 asesinatos y 90 desapariciones de mujeres, sin que el gobierno estatal tome cartas en el asunto.
 
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