Con sus declaraciones de que «el feminicidio es un problema generalizado, no exclusivo de Ciudad Juárez», el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, sólo busca minimizar el problema, señaló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Hace unos días, Reyes Baeza dijo públicamente que «no aceptará exhortativas ni del gobierno de los Estados Unidos de América, ni de artistas nacionales o extranjeros en torno al esclarecimiento de los feminicidios»? y que «no se va a permitir que gente de fuera siga estigmatizando y ensuciando la imagen de Ciudad Juárez».
Agregó que «es necesario se conozcan las versiones y la verdad sobre el combate a la impunidad y «sobre todo» que se han resuelto un alto número de los feminicidios cometidos este año».
La CMPDH respondió ayer al gobernador, mediante un comunicado de prensa, que de las 292 recomendaciones emitidas al Estado mexicano por parte de organismos nacionales e internacionales para que termine con el feminicidio en Ciudad Juárez, la más recurrente es la exigencia de investigar y sancionar a los responsables, sin embargo ésta es la que menos se ha atendido.
Estos datos son producto del análisis «Feminicidio en Chihuahua: compromisos pendientes», realizado por dicha comisión (y que será presentado en breve).
La CMDPDH, durante una visita de trabajo a la entidad, del 13 al 15 de junio pasados, presentó la versión preliminar del análisis a diversas autoridades, con el fin de obtener sus comentarios sobre el estado que guardaban las 292 recomendaciones que no habían sido atendidas.
Consultaron a la procuradora General de Justicia del Estado, Patricia González, quien se comprometió a hacer observaciones al documento, sin que hasta la fecha, a unos días de su publicación, se haya recibido noticia de su parte, dice el comunicado.
De la misma manera se sostuvieron reuniones con autoridades del municipio de Ciudad Juárez, quien respondió de manera escueta, y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la cual no se obtuvo respuesta.
La CMDPDH solicitó una entrevista con el gobernador de la entidad, sin que haya existido respuesta hasta hoy.
NO ME PRESIONEN
De igual forma, el pasado 11 de agosto el organismo envió una carta a Felipe Calderón, signada también por los actores mexicanos Gael García, Diego Luna y por el cantante británico Peter Gabriel, en la que le piden el esclarecimiento del asesinato de Neyra Azucena Cervantes y justicia para Miguel David Meza, quien fue torturado por las autoridades para arrancarle una confesión de culpable.
La CMPDH lamentó las descalificaciones que el gobernador hizo de los actores y el cantante británico, aduciendo que están mal informados ya que el feminicidio es un problema generalizado, no exclusivo de Juárez, y que no aceptará esta clase de señalamientos.
La Comisión afirma que las autoridades pretenden inhibir procesalmente casos de feminicidio que datan de 1990, bajo el argumento de prescripción, sin que estos hayan sido investigados debidamente y reitera el llamado a la comunidad nacional e internacional a que siga denunciando y exigiendo solución al feminicidio.
El caso de Neyra Azucena Cervantes, de 19 años de edad, data de 2003. Según información de Cimacnoticias, ella desapareció el 13 de mayo de 2003 en aquella ciudad y su caso es un asunto donde la justicia ha sido un arma de doble filo para víctimas e inculpados, ya que David Meza, ex activista de derechos de los migrantes y primo de Neyra, fue señalado como presunto asesino.
Fue aprehendido luego de que el 14 de julio de 2003 se encontraran presuntamente los restos de la joven. Torturado por las autoridades, como consta en diversos peritajes efectuados por reconocidos expertos, para arrancarle una confesión de culpabilidad en torno a este asesinato, recuerda la CMDPDH.
EL INFORME DE LA COMISIÓN
Del informe «Feminicidio en Chihuahua: compromisos pendientes», elaborado por la CMDPDH, se desprende (Cimacnoticias, 15 agosto 2007) que para hacerle frente al feminicidio el gobierno se enfocó en la prevención, descuidando otros rubros como el seguimiento de las averiguaciones previas para castigar a los responsables de los asesinatos.
Sin embargo, destaca que estas acciones de prevención implementadas por el Estado mexicano carecieron de profundidad e impacto porque obedecieron a la coyuntura y terminaron siendo simples cortinas de humo para decir que se estaba actuando para frenar los crímenes de mujeres.
Pero estas mujeres no se vieron beneficiadas de dichas acciones, ni tuvieron acceso a la justicia y tampoco significaron el fin de la impunidad. Entre las peticiones más frecuentes de las recomendaciones destacan tres: atender los casos pendientes que tiene que ver con toda la parte de investigación, procesamiento y sanción de los responsables de los delitos; prevención y capacitación de funcionarios en temas de género y de derechos humanos.
De acuerdo al análisis que hace la Comisión, la petición donde menos resultados se obtuvieron fue en la que exige el castigo a funcionarios negligentes.
La CMDPDH señala que pese a que las autoridades cuentan con suficiente información de los funcionarios que incurrieron en negligencia, omisión y obstaculizaron las investigaciones, a la fecha no hay ninguno que haya sido sancionado, aún y cuando la Fiscalía especial encabezada por María Urbina documentó que había más de cien funcionarios que había incurrido en alguna de estas faltas.
07/GT/GG
