Un tema de interés en estos últimos días se refiere a la selección de candidatos de los partidos políticos para contender por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal.
La postulación de la señora Isabel Miranda de Wallace por el PAN, y la encuesta promovida por los partidos de izquierda para elegir a su candidato o candidata, han sido dos asuntos que han ocupado los espacios y los análisis en los medios de comunicación y en las redes sociales.
En mi comentario quisiera referirme a la compleja responsabilidad que debe asumir quien resulte electa o electo para ocupar la Jefatura de Gobierno del DF.
Si aceptamos como objetivo fundamental de la gestión gubernamental el procurar, proteger y mejorar la calidad y los niveles del bienestar de la población que habita el Distrito Federal, y acoger y ofrecer servicios de calidad para quienes acuden y transitan por la ciudad para trabajar, estudiar, comprar bienes y servicios, visitar o realizar trámites, podemos decir que el Gobierno del DF tiene como responsabilidad fundamental ofrecer seguridad frente a diversos riesgos.
Desde otra óptica, podemos afirmar que debe asegurar la protección, el respeto y la garantía de los Derechos Humanos de quienes viven y transitan por el DF.
Bajo esta lógica, un primer bien a proteger es el de la vida y la integridad física y mental de las personas. Esto se traduce en los programas y servicios que el gobierno de la ciudad proporciona en materia de seguridad física, seguridad ambiental, seguridad pública y en protección social.
Así, los riesgos de desastres que enfrentamos los habitantes del DF por la ubicación y el tamaño de la ciudad, obligan al gobierno a prestar una atención fundamental al tema de seguridad física, mediante el mantenimiento y mejoramiento sostenido de la infraestructura de la ciudad, como son las redes de drenaje, las fuentes y redes de agua potable, calles, avenidas y servicios de transporte, construcciones como escuelas y hospitales, sistemas de comunicación, de almacenamiento, transporte y venta de combustibles.
La red vial del DF tiene una longitud aproximada de 10 mil 200 kilómetros, y por ellas circulan diariamente 3.5 millones de vehículos. La ciudad consume 36 mil litros de agua por segundo y sólo una vigésima parte de ésta es de calidad excelente, pues 7 de cada 10 litros para consumo humano se extraen de cerca de un millar de pozos locales.
Los riesgos de inundaciones, terremotos, explosiones, hundimientos y deslaves, y accidentes viales constituyen una amenaza permanente para la vida y la integridad de los capitalinos, y exigen del gobierno local una atención y una tensión sostenida para que todos esos sistemas, muchos de los cuales ya son muy viejos, se mantengan al día.
Demandan además de recursos y capacidades para enfrentar, con oportunidad y eficacia, desastres que pueden costar millones de vidas.
En esta misma lógica y relacionada con lo anterior, está la seguridad ambiental referida a la calidad del aire, del agua, los alimentos, los combustibles, y el tema tan actual, como es la recolección y disposición de basura y deshechos. Solamente en materia de basura el gobierno de la ciudad debe disponer de 12 mil 600 toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos al día.
La desatención de los riesgos ambientales provoca daños en la salud que si bien en la mayoría de los casos no son tan visibles y aparatosos, sí representan una reducción de años de vida y altos costos para las familias y los sistemas de salud.
Un campo de la seguridad humana que nos preocupa mucho en la actualidad se refiere a la seguridad pública, en la que el Gobierno del DF tiene la responsabilidad de ordenar y regular las relaciones de convivencia de cerca de 9 millones de habitantes de la ciudad, más otros 6 millones que acuden a ella diariamente a realizar diversas actividades.
Evitar abusos, daños, maltratos y delitos contra las personas, las propiedades, y la infraestructura urbana bajo un régimen democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, se ha convertido en un tema central de una buena gestión de gobierno.
Apuntemos finalmente las responsabilidades en materia de protección social o de la seguridad social en una concepción amplia, que significa garantizar que los habitantes de la ciudad tengan acceso a alimentación suficiente y adecuada, a educación, servicios de salud, transporte, deportivos, culturales y de recreación.
Así como la protección y atención a grupos en situaciones de discriminación o con requerimientos especiales, como son las poblaciones callejeras, los adultos mayores, la infancia, las personas con discapacidad, y de manera prominente las y los jóvenes y las mujeres.
Baste el recuento anterior para tener una idea de los retos que significa gobernar el Distrito Federal, y darnos cuenta que los habitantes de la ciudad no podemos aceptar improvisaciones.
La administración del DF requiere de una persona que tenga un claro sentido del papel y las funciones del Estado, que conozca los instrumentos y recursos disponibles para gobernar, que entienda lo que significa administrar una enorme ciudad inmersa en una gran metrópoli ?la segunda más grande del mundo?, y que cuente con una visión estratégica de largo plazo.
Lo que necesitamos, además, es una persona que anteponga los intereses colectivos por encima de sus intereses personales, de grupo, de tribu o de partido y que se haga acompañar de administradores públicos capaces y honestos.
*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social AC.
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