Autoridades del estado de Chihuahua y federales fueron señaladas de nuevo como cómplices de los cerca de 300 asesinatos y 500 desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, durante un foro que reunió a investigadores de primera línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El sismo de 7.6 grados, registrado la noche del martes, fue insuficiente para suspender la mesa redonda «Violencia y muerte en Ciudad Juárez» en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se generaron más preguntas que respuestas en un auditorio insuficiente para albergar a funcionarios, académicas, penalistas y futuros criminólogos.
La única encuesta sobre la percepción de la inseguridad en México, realizada en el 2001, revela que mientras en el país se registraron 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, en Ciudad Juárez se registraron 66 por cada 100 mil habitantes, según los datos citados por el sociólogo Raúl Jiménez Ornelas.
Mientras la cifra nacional sobre secuestros fue de 51 por cada 100 mil habitantes, para Juárez ascendió a 133 por cada 100 mil habitantes. En cuanto a abusos de autoridad, que en el país sumaron 65 denuncias por cada 100 mil habitantes, alcanzaron los 332 casos en la ciudad fronteriza.
A pesar de ello, denunció Jiménez Ornelas, las autoridades del Sistema de Seguridad Pública aseguran que la criminalidad ha disminuido en Juárez desde 1997.
DESINFORMACION COMO ESTRATEGIA
Destacó que la anarquía en las cifras sobre las asesinadas y desaparecidas, sobre las que todavía no hay acuerdo, es una estrategia de manipulación desde el poder.
«Su investigación debe tener un costo que alguien no quiere pagar», aseguró al citar los vínculos de los poderes económicos, de la mafia y las autoridades.
Por su parte, el penalista e investigador del Instituto, Enrique Díaz Aranda, destacó que atrapar y juzgar a los culpables es complejo porque no hay un sólo factor de identidad racial, de trabajo o en la realización de los crímenes.
«Lo que llama la atención es que autoridades locales y federales tratan de obviar el problema y de ‘pasarse la bolita’».
Criticó la idea de aumentar las penas, como lo proponen ahora la coalición partidista del Revolucionario Institucional y Verde Ecologista en el estado de México para la violación, si ni siquiera se aplican las penas mínimas.
«Crímenes de odio» fue el calificativo que usó el psicoanalista Mario Zumaya tras describir cómo en la frontera norte las mujeres pasaron de la dependencia y la sumisión a ser las dueñas del dinero.
El integrante de la organización civil Alternativas Pacíficas reiteró que en ese escenario donde hay «muchas muertes y pocos asesinos» también hay «pocos condenados, pero muchas autoridades condenables».
Recordó que ante estos 300 crímenes la indiferencia es una respuesta esperada «porque hay hechos que rebasan la imaginación».
En México, dijo, además tenemos el «Síndrome de Desesperanza Aprendida» y explicó que si a un perro se le dan choques eléctricos todos los días dentro de una jaula, si un día le abren la puerta ya no deseará salir.
El encuentro fue convocado por Rosa María Alvarez de Lara, coordinadora del Programa de la Mujer y la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y actualmente investigadora del instituto.
A la entrada del aula Guillermo Florís Margadán se exhibe la obra plástica «Luces cercenadas (réquiem por las mujeres de Juárez)» de la muralista Patricia Quijano Ferrer.
MRM/MEL
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